El revelador análisis realizado por el Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (Ieepp), “Accidentes de tránsito, una problemática de salud pública y su incidencia en la seguridad vial”, es necesario como inicio de un debate constructivo y serio sobre esta epidemia que se ha posicionado como primera causa de muerte en esta anestesiada sociedad, para evitar darle la misma respuesta de la indiferencia y resignación; mentalidad fatalista del ethos social nicaragüense.
Las estadísticas de ese sólido estudio son alarmantes, si consideramos que además del dolor, hay que sumarles la pérdida de capacidad productiva y talentos, aunado a la externalización de todos estos gastos hacia los dependientes de la persona accidentada, y en general, a toda la economía.
Para 2011, según el estudio, murieron un promedio mensual de 51 personas, siendo peatones 3 de cada 10 fallecidos. ¿Existe una enfermedad epidémica con un récord similar? Lejos de hacer un refrito de ese importante documento, es preciso abordar ciertas singularidades que, por contradictorias y sorprendentes, son un producto orgánico de nuestra idiosincrasia.
La primera peculiaridad es que a pesar que el alcohol media en un porcentaje sustantivo —entre el 20-50 por ciento de los accidentes—, la Policía no lleva esos registros, sino que aplica su visión particular que se originan en “no guardar la distancia”, como causa de dichas fatalidades, entre otras, que más bien son efectos superficiales de física elemental, pero están lejos de ser las razones verdaderas del problema.
Existen naciones con ordenamientos jurídicos robustos y con voluntad decidida de cambiar las cosas, las cuales han hecho progresos envidiables, como Colombia, no solamente en reducir esta epidemia, sino también, en concienciar efectivamente a su población, mediante una combinación creativa de medidas legales, administrativas, y educativas no convencionales.
Otra singularidad es que las penas aplicadas en Nicaragua no guardan una proporción justa con el delito cometido, especialmente, cuando la persona que comete homicidio conduce alcoholizada.
Esta condición —que es un atenuante solamente en la increíble Nicaragua— debería ser ejemplarizada mediante sentencias severas, como un verdadero agravante; y no como ocurre actualmente, en que la persona homicida al día siguiente está tranquila en su casa bajo la payasada del pseudo-arresto domiciliar y el arreglo de pago.
Las causas de los accidentes en Nicaragua son muy sencillas; no se requiere ser un filósofo para entender que provienen de la misma matriz que ha parido y sigue pariendo todas nuestras desventuras; el desprecio absoluto por las leyes —conducta promovida desde la más alta autoridad política—, por lo que nunca entonces va a haber motivación o coerción efectiva para que el ciudadano común y corriente sea estimulado a cumplirlas.
Otra paradoja tiene que ver con los pésimos ejemplos que la misma policía hace gala. Fíjese usted la próxima vez que vea un vehículo/moto policial circular en las calles, pareciera que la orden del día es violar todas y cada una de las regulaciones que ellos mismos deberían hacer cumplir; no hay regla que les aplique, entonces carecen también de fuerza moral para hacer cambiar de actitud a los conductores, cuando al parecer, sus acciones están dirigidas selectivamente hacia los particulares quienes no son ni buseros, ni taxistas, ni individuos que portan la bandera o placa de un partido político. Al resto de personas se les destaza económicamente mediante violaciones ficticias o amañadas, con la frase cajonera de “¿sabe por qué lo estoy deteniendo, verdad?”
Estas prácticas parecen ser una verdadera restitución de “derechos salariales” para los mismos policías, cuando a su gorda vista y gusto, los conductores de transporte colectivo público y privado —incluyendo los intermortales— efectúan toda suerte de violaciones con total impunidad, siempre con los agentes haciéndose los locos y disfrutando su patente de corso para imponer multas inverosímiles que no dejan ni la menor oportunidad de ser impugnadas, puesto que dicho trámite abrumador —además de desincentivar al más paciente—, carece de un elemental proceso lógico e independiente para ser revocado: el juez es la misma policía.
La queja ciudadana por semejantes abusos es ignorada y ellos se siguen cebando en los conductores de ese débil, pero abundante nicho de mercado de quienes no tenemos padrinos, ni operadores políticos o membresía del partido.
El Salvador y Costa Rica han puesto en vigencia legislaciones especiales de tránsito, con penas ejemplares acorde con las circunstancias, además de adoptar tecnologías costo/efectivas y medidas administrativas, que han logrado reducir notoriamente los accidentes. Las cámaras de control de tráfico que infraccionan en forma automática es un recurso que está al alcance de cualquier autoridad regulatoria, además ahora funcionan con energía solar.
El servicio de grúas para descongestionar las áreas restringidas es totalmente concesionado; operadores privados hacen cumplir la ley, bajo licencia y supervisión de la misma autoridad. La instalación de cepos y bloqueos a vehículos infractores es también licitada escrupulosamente.
La tercerización de los servicios profesionales de verdaderos reguladores de tránsito, es una medida efectiva puesta ya en vigencia con éxito por numerosos países.
Aquí no puede ser más obvia la falta de voluntad o creatividad policial, pero especialmente notorias, la insensibilidad y miopía para aceptar que sus limitaciones de gestión no pueden seguir siendo maquilladas, ni que las disparatadas afirmaciones que hacen, sigan siendo creídas sin ellos tener una gran responsabilidad, puesto que no son más que una muestra de su inveterada compulsión de querer confundir efectos con causas.
El autor es especialista en Seguridad Operacional
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