TEGUCIGALPA/AFP
La aprobación el martes en la noche por parte del Congreso de la figura jurídica del juicio político para facilitar la destitución del presidente, provocó temores en ciertos sectores que la consideran un sustituto de los golpes de Estado, como el propinado al expresidente Manuel Zelaya el 28 de junio de 2009.
El Congreso aprobó, con el voto a favor de 115 de los 128 diputados, una reforma constitucional que crea la figura del juicio político, la cual permite al parlamento destituir al presidente y a otros funcionarios cuando exista una “denuncia grave en el desempeño en su cargo”, según el texto divulgado ayer.
“Si hubiéramos tenido esta figura, nos habríamos evitado muchos problemas” cuando se separó del cargo al expresidente Manuel Zelaya, afirmó en la sesión el presidente del Congreso, Juan Hernández.
Zelaya fue derrocado luego de que el Congreso intentó destituirlo legalmente sin contar con una figura jurídica en la Constitución que le permitiera hacerlo.
Juan Barahona, subcoordinador de Libre, el partido izquierdista fundado por Zelaya y que lleva como candidata a la presidencia a su esposa Xiomara Castro, dijo que los golpistas “se están anticipando” a un eventual triunfo de Castro en las elecciones de noviembre próximo, y que lo que buscan es aplicarle a ella el juicio político.
“A los próximos gobiernos cuando estén al lado del pueblo, como el de Zelaya, ya no habrá que darles golpe de Estado sino que se le aplica el juicio político como a Fernando Lugo” en Paraguay, advirtió.
El sacerdote jesuita y analista Ismal Moreno recordó que el juicio político fue una propuesta que hizo la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), nombrada por el presidente Porfirio Lobo para que investigara antes, durante y después del golpe de Estado, en su informe presentado en 2011.
“La propuesta es para evitar que se repita lo del 28 de junio pero el juicio político se puede convertir en factor para tomar revancha y allí es donde está el peligro”, afirmó.
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