Elízabeth Romero
El médico forense, que extendió los dictámenes forenses en los que se basó la juez Gertrudis Arias, para cambiar la medida cautelar de arresto domiciliar de cinco de los detenidos en la llamada Operación Sur, alegó ante sus superiores que lo que determinó fue que ameritaban ser remitidos a un centro hospitalario y luego retornar a la cárcel.
Aunque será el lunes a primera hora que el médico forense, del Instituto de Medicina Legal (IML), rendirá un informe sobre su actuación, la magistrada Yadira Centeno aseguró que conoció de parte del director de esa institución, Zacarías Duarte, que este practicó los exámenes en la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), aparentemente en coordinación con la Policía Nacional, en vista que debía examinar a diez personas y ese día había mucha gente en las instalaciones del IML.
La abogada María Esperanza Peña considera que la actuación de Arias sienta precedente, pues puso la Constitución Política por encima de cualquier ley, en cuanto a la protección de la vida de los beneficiados con esta disposición.
El cliente de Peña, José Luis Espinoza, fue chequeado el 16 de enero. El forense determinó que “requiere de valoración y tratamiento médico de inmediato para poderse compensar el estado actual y la patología encontrada es de carácter inestable, ya que pone en riesgo la vida del examinado en estos momentos”. Pero la Policía nunca lo condujo a un centro asistencial.
El vocero de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Roberto Larios, aseguró que la investigación empezó desde el viernes y es de carácter administrativo, la presidenta de facto de la CSJ, Alba Luz Ramos, investiga el caso. Pero la Corte no puede anular la resolución de la juez, si estos cumplen con los requisitos podrán salir, aseguró Larios.
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