Elízabeth Romero
Un posible incremento de la edad de jubilación para los trabajadores a 65 años, profundizaría en una década la crítica situación que enfrentan los maestros del país.
Ena Fuertes dijo que el factor político también incide en la deficiente educación.
“Hemos estado denunciando todas esas anomalías que cometen con los alumnos que los llegan a retirar a sus aulas de clase para ir a rotondear, para ir a participar en los juegos de futbol en los estadios virtuales. El maestro está manos arriba, le han quitado toda la autoridad que tiene”, denunció Fuertes.
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Según el dirigente magisterial Arsenio Vivas, aunque la Ley 114, Ley de Carrera Docente, establece que los docentes se pueden jubilar a los 55 años, si el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) reforma la Ley, ellos tendrían que sumarle 10 años más a su desgastada vida en las aulas de clases, con sus bajos salarios.
Vivas recordó además que muchos de ellos resultaron afectados de salud por el uso de la tiza y que una reforma al sistema de jubilación alargaría en una década el derecho a una pensión del Seguro Social.
Vivas es uno de los representantes de la Unidad Sindical Magisterial que ayer emitió un pronunciamiento ante la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), a través del cual rechazan las reformas parciales a la Ley de Seguridad Social que pretende impulsar el gobierno del presidente inconstitucional Daniel Ortega.
Ellos demandan que se respete el derecho que tienen los maestros y maestras, de acuerdo a la citada ley, de retirarse a los 55 años de edad.
El dirigente magisterial recordó que en el país los salarios mensuales de los educadores son de 4,500 córdobas para los de primaria y 4,800 córdobas para los de secundaria, ingresos que no alcanzan para cubrir el 40 por ciento del valor de la canasta básica.
Maritza Hernández dijo que a ellos les preocupan los resultados de los bachilleres en los exámenes de admisión en las universidades.
Por ello también demandan que el Ministerio de Educación cumpla con el sistema nacional de capacitación y evaluación docente establecido en la Ley que actualmente no se cumple o se cumple a medias y con orientaciones partidarias.
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