El Estado, un gran moroso

Tratar por igual a empresas estatales y a las privadas y ponerse al día con las devoluciones de impuestos al sector privado son dos nuevos conceptos y normas establecidas en la Ley de Concertación Tributaria (LCT), en vigencia desde el 1 de enero de 2013.

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Lucía Navas

Tratar por igual a empresas estatales y a las privadas y ponerse al día con las devoluciones de impuestos al sector privado son dos nuevos conceptos y normas establecidas en la Ley de Concertación Tributaria (LCT), en vigencia desde el 1 de enero de 2013.

Ambas situaciones fueron peleadas por los representantes del sector privado a la hora de negociar la Ley, y si bien las obtuvieron en papel, en el caso de las devoluciones de impuestos hay mucho escepticismo por parte de las cámaras gremiales acerca de que la Dirección General de Ingresos (DGI) y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público puedan saldar su millonaria deuda.

El registro contable suman 10 millones de dólares adeudados a unas 27 empresas. Este monto corresponde entre uno y tres períodos fiscales anteriores, solo reportados por la Cámara de Industrias de Nicaragua (Cadin) y la Cámara Nicaragüense de la Construcción (CNC).

El fisco debe ponerse al día en la devolución de impuestos pendiente a las empresas que gozan del derecho en 2013, según manda el artículo 297 de la LCT.

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La Ley de Concertación Tributaria reforma el segundo párrafo del artículo 76 del Código Tributario y estableció la figura de la prescripción del “derecho de los particulares y contribuyentes a repetir por lo pagado indebidamente o a solicitar compensación o devolución de saldos a su favor, prescribe a los cuatro (4) años contados a partir de la fecha del pago efectivo o a partir de la fecha en que se hubiese originado el saldo a su favor”.

Es por ello el apuro de las cámaras para que el Estado les pague. Además, a través del reglamento de la LCT en su artículo 211 deja a que sea la Administración Tributaria la que implemente los procedimientos de agilización de las devoluciones y acreditaciones, para que sean efectivos, sin embargo no ha avanzado.

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Un cambio a partir del 2014 que habrá en el tratamiento a las entidades estatales es que dejarán de gozar de las exoneración del IVA. Este mecanismo fue creado como opción para compensar los reclamos por devoluciones de impuestos.

En la práctica ninguna entidad pública va a desembolsarse en efectivo el IVA en las compras o proyectos que licite, sino que Hacienda emitirá un crédito fiscal a los proveedores del Estado reconociendo el impuesto y permitiéndo que se lo puedan acreditar o trasladar en el pago del IR, por ejemplo.

Esto es bueno para los empresarios, el problema está que tanto la LCT y su reglamento no establecen los procedimientos claros de cómo se ejecutará. Quedó solo el mandato al Ministerio de Hacienda hacerlo.

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Quedó como obligación legal debido a que las gestiones ante la DGI y Hacienda han sido engorrosas, y ha habido tardanza en responder, lo que ha provocado que muchas de las empresas reclamantes enfrenten iliquidez, afectando su operatividad.

CAMBIO DEL MECANISMO

¿Por qué la deuda? La LCT, así como establece la obligación a pagar Impuesto sobre la Renta (IR), el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC), también otorga una serie de derechos a las empresas a recibir de vuelta lo que han pagado de más en impuestos, o bien por los tributos pagados en la compra de bienes y servicios que están exonerados.

Si bien la anterior Ley de Equidad Fiscal establecía que una vez presentado el reclamo por la empresa, se le debía devolver el 50 por ciento del monto reclamado, esto era incumplido por la DGI, por la saturación de trabajo que enfrenta el Comité para Revisión de Devoluciones.

Y cuando cumplía, la traba se daba con el restante 50 por ciento reclamado por depender del resultado de la auditoría que la DGI debía hacer a las empresas para corroborar que si pagó por un bien exonerado.

La LCT vigente cambió el sistema y da plazos máximos a la Administración Tributaria para que honre las devoluciones: una vez presentado y aprobado el reclamo, deberá reembolsar “el cincuenta por ciento a los 60 días hábiles de la fecha de solicitud efectuada por el contribuyente y el restante cincuenta por ciento a los 60 días hábiles posteriores a la fecha del primer reembolso”.

DUDAN QUE PUEDA

Cadin es la que más saldo pendiente tiene. A 22 de sus empresas el fisco le deben ocho millones de dólares. Mario Amador Rivas, presidente de la organización, dice que hay casos en que a una sola compañía le deben hasta 2.4 millones de dólares.

La Cámara de la Construcción presentó un listado de cinco empresas que reclaman 50 millones de córdobas —cerca de dos millones de dólares—, solo en el último período fiscal.

Benjamín Lanzas, presidente de la CNC, explica que en caso del sector las devoluciones corresponden a contratos de proyectos públicos que son exentos o exonerados del IVA, pero que la constructora termina asumiéndolo porque el Estado no incluye en el precio de la obra ese impuesto.

En la práctica, dice Lanzas, “cuando yo compro cemento, acero, adoquines, etc., pago el IVA, entonces las constructoras siempre tenemos que financiar estos proyectos y nos crea un IVA a favor”.

El problema se suscitó en la administración del exdirector de Ingresos, Walter Porras, quien fue destituido e incluso sospechoso de actos de corrupción precisamente por las irregularidades en las devoluciones de impuestos.

Amador Rivas sostiene que con los nuevos directores de la DGI han avanzado en limpiar los saldos, pero el sistema sigue siendo tan engorroso que buscan otra alternativa.

Si bien la LCT permite que el impuesto a ser devuelto puede acreditarse a favor, será efectivo hasta el 2014. Las cámaras saben que el Estado no va a poder desembolsar tantas millonarias devoluciones en corto tiempo, por lo que proponen al fisco aceptar que se puedan acreditar ya y no esperen a 2014.

QUIEREN SOLUCIONES

Roberto Solórzano, director ejecutivo de Cadin, detecta que la DGI y Hacienda temen dar el “OK” porque al no ser capaz de solventar las devoluciones, recibirán “una avalancha de solicitudes de acreditación”, y entonces “el fisco va a desoír e incumplirá la Ley porque si las acepta, sufrirá un gran bajón la recaudación del Estado”.

Los gremios proponen crear a lo inmediato una comisión donde estén representantes de las diferentes cámaras con un funcionario con poder de decisión del fisco para montar un plan que permita “descompresionar” las devoluciones acumuladas.