Elízabeth Romero
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El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) criticó la decisión de remitir a los tribunales a los detenidos por los incidentes violentos ocurridos el pasado fin de semana entre pobladores de Santo Domingo, Chontales y policías antimotines que acudieron a desmontar un tranque que se levantaba en protesta contra los intereses de la empresa minera B2Gold.
El vocero de la Policía, comisionado mayor Fernando Borge, no precisó la cantidad de personas que fueron remitidas a la Fiscalía, que interpuso la acusación en los tribunales de Juigalpa.
Según pobladores de la localidad, en total fueron acusados 31 de los 47 detenidos inicialmente; de estos, 11 permanecían en las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial, donde según Borge “hay mejores condiciones”.
El director jurídico del Cenidh, Gonzalo Carrión, señaló que “El Chipote (Auxilio Judicial) en primer lugar es símbolo de tortura” y desde el momento que los sustraen de sus lugares de origen “son medidas de presión, son medidas de aumentar la represión, son medidas de someter a más aflicciones de las que son propias de estar encarceladas”.
La acusación debió hacerse con los reos presentes, como establece el Código Penal, dijo Carrión, lo que consideró es otro de los abusos de parte de las autoridades: “Hacen una aplicación de la ley torcida”.
También criticó que la Policía haya impedido a los familiares ver a los detenidos. Borge confirmó que a estas personas les atribuyen delitos como daños, obstrucción al funcionamiento, coacción, amenazas y lesiones a policías.
Carrión cuestionó que la Policía haya realizado la movilización de esa cantidad de oficiales cuando en los barrios la gente reclama impunidad porque los oficiales alegan que no tienen suficientes recursos.
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