El miércoles de esta semana, con la votación casi unánime de la bancada oficialista y de la oposición (pues de esta solo tres diputados votaron en contra y uno se abstuvo), la Asamblea Nacional ratificó a los ministros, embajadores y otros cargos de gobierno que habían sido nombrados desde hace mucho tiempo por Daniel Ortega, y los cuales, según la Constitución tienen que ser ratificados por el poder legislativo.
Pero ese acto parlamentario, ni siquiera con el respaldo de la oposición puede borrar las arbitrariedades ni legitimar los actos gubernamentales de Daniel Ortega, aparte de que él es un presidente inconstitucional porque se reeligió a pesar de que se lo prohíbe expresamente la Constitución Política de la República.
No es de más recordar que según los artículos 138 y 150 de la Constitución, el presidente de la República está obligado a someter a la Asamblea Nacional los nombramientos de ministros, embajadores y otros cargos del poder ejecutivo, a más tardar tres días después de que los haya nominado, y los diputados, con una mayoría calificada de al menos 60 por ciento deben ratificarlos o rechazarlos en un plazo de 15 días. Solo después de cumplido este trámite constitucional es que los nombramientos quedan firmes y el ejercicio de los cargos puede ser legal y revestirse de legitimidad.
Esto no lo pueden ignorar los diputados de la oposición que se sumaron a sus colegas oficialistas para aprobar por gran mayoría la falsa ratificación de los cargos. Ellos mejor que nadie tienen que saber que, de acuerdo con la Constitución, lo que la Asamblea Nacional ratifica o rechaza es el nombramiento de las personas que propone el presidente para ejercer los cargos. Sin embargo, lo que ratificaron fue a personas que ya los están ejerciendo de hecho, de manera ilegal y en algunos casos desde varios años atrás. De manera que la oposición por lo menos debió demandar que Ortega volviera a hacer los nombramientos y tramitara su ratificación parlamentaria en los tiempos y formas señalados por la Constitución, para que pudieran ser aprobados legalmente.
Se ha dicho que al solicitar la ratificación de los cargos Ortega demostró que quiere legitimarse y reencarrilar su gobierno en la legalidad constitucional, y que una oposición responsable e inteligente debe ayudarle a rectificar en vez de ponerle obstáculos. También se dice que no hubiera sido bien visto que la oposición rechazara esa ratificación de cargos ejecutivos, que ella misma venía reclamando. Pero lo que votaron los diputados de la oposición fue la confirmación de un acto gubernamental autoritario, extemporáneo e ilegal, lo cual resulta peor que guardar las apariencias políticas.
Aún asumiendo que es cierto que Daniel Ortega quiere legalizar su situación interna para obtener o fortalecer su legitimidad externa, y que por eso fue que mandó a ratificar los cargos del poder ejecutivo y prepara la elección de los otros cargos estatales en la Asamblea Nacional, un acto ilegítimo no resuelve otra ilegitimidad ni es con un pacto prebendario que se podrá restablecer la institucionalidad democrática de Nicaragua.
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