MILÁN/AP
Un tribunal de Milán condenó al exprimer ministro Silvio Berlusconi por la publicación ilegal de transcripciones de conversaciones telefónicas en un periódico propiedad de su imperio de medios de comunicación.
La corte lo sentenció el jueves a un año de prisión, aunque es improbable que sea encarcelado durante una posible apelación al fallo. En Italia, es raro que alguien vaya a la cárcel pendiente de posible apelación, excepto en casos graves como asesinato.
El cargo está relacionado con la publicación en 2005 de una llamada telefónica intervenida que fue parte de una investigación en el intento fallido de la compañía financiera Unipol por tomar el control de la Banca Nazionale del Lavoro. El ofrecimiento fue bloqueado por el banco central italiano, lo que contribuyó a la renuncia forzada del entonces director del Banco de Italia, Antonio Fazio.
El hermano del acusado, Paolo Berlusconi, fue condenado por el mismo cargo y sentenciado a dos años y tres meses de prisión. Paolo Berlusconi es el editor del periódico milanés Il Giornale, que publicó la transcripción de la conversación.
La defensa de Silvio Berlusconi acusó al tribunal de buscar un veredicto expeditivo para beneficio político.El fallo no impide al ex premier participar en un nuevo gobierno porque Italia no impide que las personas condenadas por delitos menores sean elegidas al parlamento. Su coalición de centroderecha terminó en la tercera posición en las elecciones parlamentarias en las que no hubo un claro ganador. Se espera que el 20 de marzo se inicien las negociaciones para formar un nuevo gobierno.
Las conversaciones grabadas suelen ser publicadas por la prensa italiana, pese al riesgo de condenas.En un caso potencialmente más perjudicial, se aproxima el fallo en la apelación de Berlusconi a una condena por fraude impositivo. La fiscalía ha exigido que el tribunal de apelaciones ratifique la condena de octubre y la sentencia a cuatro años de cárcel. También busca una prohibición de cinco años a ocupar cargos públicos.
Berlusconi también es juzgado en Milán, acusado de haber pagado a una adolescente para mantener relaciones sexuales y haber mentido para encubrirlo. Y la fiscalía de Nápoles lo investiga por corrupción por haber pagado supuestamente a un legislador de oposición 3 millones de euros para incorporarse a su partido, medida que debilitó significativamente el gobierno de centroizquierda de Romano Prodi.
