Claudio Paolillo
En 1959, durante una reunión de cancilleres en Santiago de Chile, los gobiernos de América decidieron crear la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con el objetivo de promover y preservar en el Hemisferio Occidental un conjunto de valores mínimos para la convivencia en sociedades democráticas, plurales y tolerantes. Cuando una década después aprobaron la Convención Americana de Derechos Humanos, la mayoría de los Estados latinoamericanos decidieron ceder, voluntariamente, una porción de su soberanía para someterse a una supervisión internacional que los miembros de la CIDH (y, luego, de la Corte Interamericana y, más adelante, de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión) tendrían a su cargo a efectos de salvaguardar esos derechos básicos allí donde hubiere gobiernos lo suficientemente indolentes, autoritarios o dictatoriales que los pusieran en riesgo. Fue (y todavía lo es) una herramienta que, con el paso de los años, se revelaría muy importante para los ciudadanos que podían apelar a ella cuando los abusos del poder se pasaran de la raya en sus propios países.
Durante estos 54 años, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) ha hecho mucho por la libertad y por la salud democrática y republicana de las sociedades de la región. Y, desde la creación, en 1998, de la Relatoría para la Libertad de Expresión, este derecho humano inalienable ha reconocido avances sustanciales, de los que se han beneficiado, por cierto, medios de comunicación y periodistas pero, sobre todo, los ciudadanos comunes y corrientes en su capacidad de recibir todas las informaciones y opiniones que son de su absoluta incumbencia. La Relatoría ha contribuido a salvar vidas de periodistas amenazados por bandas de criminales, ha evitado el encarcelamiento injusto de reporteros, ha intervenido exitosamente en litigios entre periodistas y gobiernos que, en no pocos casos, acabaron modificando leyes internas de los Estados que castigaban con cárcel el “desacato” y la “difamación” en asuntos de interés público, ha ayudado a los jueces de diversos Estados a comprender y aplicar en sus sentencias la jurisprudencia más avanzada sobre libertad de expresión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y ha asistido de mil formas a periodistas y ciudadanos que han enfrentado problemas para ejercer su derecho a difundir, recabar y recibir informaciones y opiniones. Ha sido, pues, uno de los mayores avances de la OEA en décadas para la protección efectiva de los derechos humanos.
Esta historia de progresos democráticos libertarios puede acabar abruptamente el 22 de marzo próximo, cuando, durante otra reunión de cancilleres a celebrarse en Washington, los Estados evalúen y, eventualmente, aprueben cambios promovidos por los gobiernos que tienen el triste privilegio de ostentar los peores récords de la región en materia de libertades públicas y derechos humanos. Antes, durante los años setenta y ochenta, las dictaduras militares se sentían justamente acosadas por la CIDH, que exponía sus permanentes arbitrariedades y, por ello protestaban y pataleaban contra la Comisión, acusándola de estar al servicio de “intereses foráneos” y otras mentiras. Ahora, las “democraduras” pseudoprogresistas del Alba (Ecuador, Venezuela, Nicaragua y Bolivia) y sus socios en el Caribe, son las que quieren acabar con las prerrogativas de la CIDH y, sobre todo, de la Relatoría para la Libertad de Expresión. Como los militares en el pasado, los modernos autócratas latinoamericanos gritan, presionan y chantajean a la OEA bajo la amenaza de que si no se aceptan sus designios antidemocráticos, abandonarán el sistema.
La Relatoría ha desafiado repetidamente a los gobiernos y a las leyes que representan trabas para la libertad de expresión y para el libre ejercicio del periodismo. Ha defendido a medios y periodistas acosados por estos gobiernos que tienen legitimidad de origen, pero flagrante ilegitimidad en el ejercicio del poder. La Relatoría (y la CIDH) quieren sociedades democráticas y abiertas, donde el debate sea vigoroso, quieren medios de comunicación y periodistas que expongan los casos de corrupción gubernamental que eventualmente descubran, que denuncien los abusos de poder y que arrojen luz sobre los temas de interés público.
Los gobiernos del Alba y sus socios no quieren nada de eso. No creen en la libertad de expresión, salvo que sea ejercida para aplaudirlos, no creen en la crítica como parte del ejercicio democrático y la consideran una distorsión social que erosiona su poder, no creen en la separación de poderes, no creen en la alternancia de partidos en el gobierno, no creen en el sistema de “pesos y contrapesos”, no creen en el Estado de Derecho, no creen en el imperio de la ley, utilizan los espacios que ofrece la democracia republicana solo para concentrar más poder, emplean una fachada democrática para pretender que son efectivamente democráticos y, como en cualquier fundamentalismo, su único objetivo es mantenerse en el poder. Por eso, en su lógica, es elemental para su proyecto autoritario transformar a la prensa, al periodismo crítico o independiente y a la libertad de expresión en su enemigo principal. Porque es la prensa, mediante sus noticias y opiniones, la que puede contrarrestar el ejercicio abusivo del poder.
La situación es en extremo preocupante y el 22 de marzo puede ocurrir cualquier cosa. Los periodistas y los medios pero, fundamentalmente, los ciudadanos de a pie deberán permanecer vigilantes respecto a lo que hagan o dejen de hacer sus gobiernos en esta materia. Pueden llegar a robarles su libertad de recibir, recoger y difundir informaciones y opiniones. El autor es Presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la Sociedad Interamericana de Prensa.
