Una de las cualidades que se le atribuyen a Daniel Ortega, no solo de parte de sus partidarios sino también de algunos empresarios privados independientes, analistas políticos y representantes de la oposición, es la de que el presidente inconstitucional es un político hábil y astuto. Dicen que Ortega compensa su falta de ilustración con inteligencia, un agudo olfato político, sentido de oportunidad, habilidad para manejar situaciones complicadas y astucia para sacar el máximo provecho a las debilidades de sus adversarios y enemigos.
Pero si nos atenemos objetivamente a los hechos de Ortega, como gobernante, la verdad es que no parece que él tenga esas cualidades, propias de grandes políticos del mundo y de la historia, que le atribuyen no solo sus seguidores sino también personas independientes y opositoras. O al menos no siempre le hace honor a esos supuestos atributos que dicen que tiene.
Tal es, por ejemplo, el caso de la presión del Gobierno a donantes extranjeros para que no otorguen financiamiento a la ONG que dirige Zoilamérica Narváez, la entenada de Daniel Ortega. Nos referimos al Centro de Estudios Internacionales (CEI), organismo de la sociedad civil dirigido por Zoilamérica, el cual se dedica a promover y defender los derechos humanos de la denominada diversidad sexual de Nicaragua. El CEI denunció este lunes en un espacio de campo pagado publicado en LA PRENSA, y por medio de un reportaje de la redacción de este Diario, que el vicecanciller orteguista encargado de las relaciones con los países y organismos cooperantes con Nicaragua, “impidió la firma de convenios entre la Embajada de Noruega y el Centro de Estudios Internacionales (CEI), coordinado por Zoilamérica Ortega Murillo, aduciendo que esta organización tiene problemas políticos con el Gobierno”.
Por supuesto que sin orden o sin autorización de Daniel Ortega, ese viceministro no podría tomar semejante decisión, que no es precisamente una muestra de habilidad ni de inteligencia. Por el contrario, se trata de una enorme torpeza, porque viene a poner de nuevo en la agenda de la discusión nacional el sórdido escándalo en el cual se vio envuelto Ortega, cuando Zoilamérica lo acusó judicialmente por violación sexual sistemática, desde cuando ella era una niña. Acusación que por cierto no fue refutada por Ortega, quien aprovechó su poderosa influencia política sobre el poder judicial para hacer que una juez sandinista cerrara la causa alegando la supuesta prescripción de los delitos denunciados.
Pero no solo Zoilamérica y la ONG que ella dirige, son víctimas del régimen orteguista mediante las presiones a los donantes externos para que no le otorguen financiamiento. Prácticamente toda la sociedad civil organizada crítica o únicamente independiente del Gobierno, es víctima de esa represión, inclusive consultores competentes que no pueden ser contratados por organismos internacionales y de la cooperación externa porque trabajaron con los gobiernos democráticos o simplemente porque son familiares de líderes opositores.
Y lo más penoso es que los organismos internacionales y países donantes democráticos se someten a esas presiones gubernamentales, que no tienen nada de inteligente pero sí mucho de enfermiza pasión dictatorial.
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