El uso discrecional que el gobierno del presidente inconstitucional Daniel Ortega le otorga a los fondos de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América (Alba), y la falta de supervisión por parte de la Contraloría General de la República (CGR) a ese dinero proveniente de Venezuela, mereció un importante espacio en el capítulo que el Departamento de Estado de Estados Unidos dedica a Nicaragua en su informe anual del 2012 sobre derechos humanos, emitido este viernes en Washington.
Ortega recibe un promedio anual de 600 millones de dólares en fondos provenientes de Venezuela, que se manejan al margen del Presupuesto General de la República y son controlados estrictamente por el gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), con poca supervisión pública, dice el reporte anual estadounidense.
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El informe resalta que los medios de comunicación en el país informaron en su momento que los contratos financiados por el Alba fueron adjudicados a empresas con vínculos con la familia Ortega.
En la sección 4, relacionada al aspecto de corrupción y falta de transparencia gubernamental, el reporte recuerda que la Contraloría General de la República (CGR) es responsable de la lucha contra la corrupción en los órganos de gobierno, pero en este caso su imparcialidad está seriamente cuestionada, sobre todo en lo que se refiere a la falta de supervisión de los fondos Alba, otorgados directamente al Gobierno.
Así, se menciona que desde el 2007, cuando Ortega volvió a la presidencia, la CGR no ha ordenado sanciones por incumplimiento de la ley ni por alguna investigación a cualquier oficina de gobierno.
El informe también señala que aunque la ley establece sanciones penales por corrupción oficial, el Gobierno no hizo cumplir efectivamente la ley y los funcionarios frecuentemente se involucraron en prácticas corruptas con impunidad.
Además, indica que los tribunales siguen siendo particularmente susceptibles a los sobornos, manipulación y otras formas de corrupción, especialmente por los grupos allegados al FSLN y al narcotráfico.
La detención de funcionarios del Consejo Supremo Electoral por vínculos con el narcotráfico, como el del ahora exmagistrado Julio César Osuna y otros empleados del Gobierno, es uno de los casos que el informe recuerda en esta sección.
Ver en la versión impresa las páginas: 5 A
