La Cámara de Diputados argentina aprobó en general y giró al Senado este jueves de madrugada un proyecto de ley que consagra el voto popular para elegir parte de los miembros del Consejo de la Magistratura, un organismo clave que nombra y remueve a los jueces.
En una maratónica sesión de 17 horas, el bloque del gobernante peronismo impuso su mayoría por un estrecho margen, al sumar 130 votos a favor, mientras 123 diputados lo hicieron en contra.
La reforma del Consejo de la Magistratura eleva de 13 a 19 el número de miembros, 12 de los cuales serán elegidos por el voto popular (tres jueces, tres abogados y seis académicos).
Esta norma volverá al Senado, que le había dado media sanción, debido a que la Cámara de Diputados le introdujo cambios, entre ellos que la Corte Suprema seguirá manejando los fondos del Poder Judicial, y no el Consejo como se planteaba en el proyecto original. Una fuerte discusión entre el oficialismo y la oposición se produjo antes de la votación en particular de los artículos del proyecto.
A continuación estaba previsto que la Cámara de Diputados vote otros dos proyectos que forman parte de una reforma de la justicia que consta de seis leyes en total. Uno de ellos es la creación de tres cámaras de casación, destinadas a aliviar la acumulación de causas en la Corte Suprema, según el Gobierno. El otro es el que limita a seis meses las medidas cautelares (prevención de un derecho), que está directamente relacionada con el conflicto entre el gobierno y el influyente grupo de medios Clarín.
Estos dos últimos proyectos se convertirán en ley, en caso de ser aprobados. Decenas de militantes de partidos opositores se mantuvieron en vigilia y siguieron la sesión en pantallas instaladas frente a la sede del Congreso. De su lado, el gremio de los empleados judiciales decretó un paro de 72 horas, también en rechazo al paquete de leyes de reforma de la justicia.
La organización estadounidense Human Rights Watch (HRW) llamó el miércoles al Congreso a rechazar la reforma al sostener que “le brindaría al partido gobernante de Argentina una mayoría automática en el Consejo (de la Magistratura) que supervisa a los jueces, lo que compromete seriamente la independencia judicial”.
El repudio a esa reforma fue una de las principales consignas de una masiva manifestación que se realizó el jueves pasado en Buenos Aires y otras ciudades de Argentina. “El proyecto de reforma judicial destruye el estado de derecho. Es inconstitucional someter a los jueces a la elección popular. Alguien tiene que tomar la decisión de parar este atropello”, dijo al exponer en el pleno Oscar Aguad, diputado del opositor radicalismo, la segunda fuerza legislativa.
En cambio, la titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales, la diputada oficialista Diana Conti, dijo que el voto popular para 12 sitios dará al Consejo de la Magistratura “una legitimidad popular para la toma de sus decisiones más importantes, como formar las ternas, suspender o enjuiciar” a los magistrados.
La limitación de la duración de las cautelares forma parte de la pelea del gobierno con Clarín, que apeló a esta medida hace más de tres años para evitar la aplicación de una cláusula antimonopólica de la ley de medios audiovisuales que obligaría al más poderoso grupo mediático argentino a hacer una fuerte desinversión.
En tanto, el Senado, también controlado por el peronismo, votará en mayo cuatro leyes del paquete de la reforma: la que regula el ingreso a la carrera judicial, la que establece la publicidad de las resoluciones de la Corte Suprema y la que obliga a publicar las declaraciones patrimoniales de los funcionarios judiciales, además de la modificada ley del Consejo de la Magistratura, que vuelve de diputados.