El informe del Departamento de Estado de Estados Unidos sobre la situación de los derechos humanos en el mundo, el cual fue dado a conocer públicamente el 19 de abril corriente, señala con certeza que en Nicaragua “el poder político se ha concentrado en un solo partido, con un ejecutivo más autoritario”.
El informe del Departamento de Estado habla de las elecciones de noviembre de 2011 y menciona que observadores extranjeros vieron “graves deficiencias”. Aunque no dice que para reelegirse Daniel Ortega pasó por encima de la Constitución de Nicaragua.
Agrega el informe del Departamento de Estado sobre la situación de los derechos humanos en 199 países del mundo, que hay una corrupción generalizada en el Gobierno de Nicaragua, incluidos la Policía, el Consejo Supremo Electoral, la Corte Suprema de Justicia y otros órganos de poder. Menciona el hacinamiento en las cárceles, las detenciones y allanamientos policiales arbitrarios, la erosión de la libertad de expresión y de prensa, la intimidación gubernamental a medios y periodistas independientes, la discriminación a las minorías sociales, discapacitados y personas con VIH y sida. Y subraya que mientras la impunidad “siguió siendo un problema generalizado”, el Gobierno orteguista “rara vez dio pasos para perseguir a los funcionarios que cometieron abusos”.
Cabe hacer notar que en la información del Departamento de Estado sobre la situación de los derechos humanos en Nicaragua, no se dice nada que no haya sido denunciado públicamente por las mismas víctimas de los abusos gubernamentales. Sin embargo, como era de esperarse el Gobierno de Nicaragua lo ha rechazado de manera categórica, por medio del mismo Daniel Ortega, aunque sin negar los hechos mencionados en el informe. Al reunirse el martes 23 de abril con un general ruso que estaba de visita en el país, Ortega expresó que “lo que opina el Departamento de Estado sobre toda la región es una descalificación generalizada, pero no se pregunta por qué tanto problema, dónde está la causa. La causa está en las políticas que ellos han promovido en la región”. Y sentenció el gobernante autocrático de Nicaragua que los males que padece Centroamérica se deben a que “Estados Unidos es el principal mercado de la droga ( ) y eso no lo dicen en el informe en cuestión”.
Ortega ha tratado de salirse por la tangente. El problema del narcotráfico y la droga es otro asunto y no tiene nada que ver con las violaciones a los derechos humanos de los nicaragüenses. La lucha contra el crimen organizado no justifica los maltratos policiales, los crímenes políticos como el de El Carrizo, las represiones violentas contra las manifestaciones pacíficas de la oposición, las presiones para liquidar las organizaciones civiles y tantos otros atropellos gubernamentales.
Lo que debe hacer Ortega es abstenerse de seguir violando los derechos humanos y comprometerse a respetarlos. Si su régimen es tan “bonito”, democrático, eficiente y aceptado por la población, como dice la propaganda oficialista que es y lo secundan ciertas encuestas, ¿cómo es que hay tantas violaciones a los derechos humanos? Estas no son inventadas, han sido denunciadas por las víctimas, están en los registros de los organismos defensores de los derechos humanos y son publicadas en los medios de comunicación libres e independientes que sobreviven en el régimen orteguista.
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