Guatemala: Estado de excepción en 4 municipios

El decreto llega luego de varios disturbios suscitados en esos municipios donde los pobladores no están de acuerdo con la operación de la mina de oro y plata San Rafael, que pertenece a la canadiense Tahoe Resources Inc.

LA PRENSA/AP

GUATEMALA/AP

El gobierno declaró el estado de excepción, que restringe derechos constitucionales como la libre locomoción, de reunión y porte de armas en cuatro municipios de los departamentos de Jalapa y Santa Rosa, al oriente de la capital, donde se han registrado disturbios en manifestaciones de rechazo al funcionamiento de una mina de una empresa canadiense.

«La investigación ha permitido determinar que se han cometido una serie de hechos delictivos que van desde el asesinato, secuestros, se ha destruido bienes del estado, quemado vehículos y radiopatrullas, no solo de las fuerzas de seguridad sino de particulares» dijo el presidente Otto Pérez Molina en conferencia de prensa al justificar el estado de excepción.

Eddy Juárez viceministro de Gobernación, que llegó al lugar, dijo vía telefónica a la AP que hasta el momento se han ejecutado 17 de casi 50 órdenes de captura giradas contra varios pobladores de la región.

Desde la madrugada entre 500 agentes policiales y 2,000 elementos del Ejército se concentraron en los cuatro municipios que fueron declarados en estado de excepción, confirmó Juárez.

Yuri Melini, director del Centro de Acción Legal en Derechos Humanos, dijo que se está criminalizando la resistencia de las comunidades contra las operaciones de las minas.

«Creemos que si se cometieron delitos se debe judicializar pero no criminalizar los derechos legítimos de las comunidades de oponerse a la mina» dijo el activista. El decreto llega luego de varios disturbios suscitados en esos municipios donde los pobladores no están de acuerdo con la operación de la mina de oro y plata San Rafael, que pertenece a la canadiense Tahoe Resources Inc.

Un fotógrafo de AP, en el lugar, detalló que miles de soldados y policías revisan a los pobladores y realizan allanamientos, y que hay seis camiones militares inclusive una tanqueta en el lugar. Un destacamento militar itinerante ha sido ubicado en un campo de fútbol en una aldea aledaña al cual están llevando a los detenidos.

La población se muestra tranquila permitiendo que las autoridades realicen los operativos programados. Aun pueden verse restos de los vehículos calcinados.

Mariano López Escobar, poblador del lugar, dijo a la AP que la población está tranquila. «Somos parte de esta situación, yo no puedo hacer mucho, no intervengo en esos grupos porque uno de pobre tiene que trabajar para mantener a la familia, pero la verdad es que la mina sí nos afecta en la cuestión del medio ambiente. Pero parece que con una orden del presidente para que funcione la mina ya no se puede hacer nada» dijo López.

Por la mañana el Ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla confirmó a la AP los operativos y el decreto que establecía el estado de excepción.

«Está confirmado el estado de excepción en los municipios de Jalapa, Mataquescuintla, Casillas y San Rafael Las Rosas» dijo a la AP el ministro, que confirmó la presencia de elementos policiales y militares en el lugar, pero sin precisar su número.

Juárez dijo que el operativo «ha sido exitoso, no ha habido oposición de la población ni ningún enfrentamiento, además de las capturas se han recuperado revólveres y escopetas» dijo.

El lunes un agente policial murió luego de disturbios en San Rafael Las Rosas. El pasado domingo seis comunitarios resultaron heridos de bala atacados por agentes de seguridad de la Mina. Los conflictos en el lugar se agudizaron luego de que el 3 de abril el Presidente de la República concediera licencia para operar a la mina San Rafael. En el área por lo menos 8 comunidades han realizado consultas comunitarias en las que dicen que no están de acuerdo en la operación de la mina.

El 1 de mayo de 2012 el gobierno decretó otro estado de sitio, esa vez en el municipio de Barillas del departamento de Huehuetenango al oriente del país luego de que pobladores protestaran por la operación de una Hidroeléctrica.

El decreto tendrá vigencia durante 30 días, el cual tendrá que ser ratificado por el Congreso de la República.

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