La organización internacional de derechos humanos, Amnistía Internacional (AI), emitió una nota de prensa hoy en la cual insta a las autoridades de Nicaragua a apoyar la ley 779, Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres, en un momento en el cual la referida normativa parece destinada a una inminente reforma en su aplicación.
“Las autoridades nicaragüenses deben apoyar una Ley fundamental que define los delitos de violencia contra la mujer y garantizar su plena aplicación”, ha declarado hoy Amnistía Internacional.
“La Ley 779 (Ley Integral contra la Violencia Hacia la Mujer) proporciona un camino para que las mujeres puedan obtener justicia y protección contra la violencia y para hacer rendir cuentas a los perpetradores”, reza parte del comunicado emitido desde la oficina de prensa para las Américas.
“Sin embargo, desde que fue aprobada el año pasado (enero 2012), la ley ha sido consistentemente amenazada por opositores a la misma, que consideran que es una ley antimasculina y antifamiliar, y responsable de la ruptura de familias”, precisa la nota.
“La violencia ejercida contra las mujeres y los niños es lo que rompe las familias, no las leyes diseñadas para ayudar a las víctimas a escapar de la violencia y hacer rendir cuentas a los culpables”, dijo Esther Major, investigadora de Amnistía Internacional sobre Nicaragua.
“Si las autoridades nicaragüenses quieren realmente impedir que la violencia rompa las familias, deben apoyar completamente y destinar los recursos necesarios a la aplicación de la Ley 779. Los intentos de minar su aplicación deben parar”, insistió el organismo.
La propia existencia de la ley es un reconocimiento de que Nicaragua necesita abordar el problema de la violencia contra las mujeres, precisa el documento. La citada ley ha sido recurrida de inconstitucionalidad por grupos de abogados conservadores y ha merecido el rechazo de grupos religiosos, católicos y evangélicos, predominantes en el estado laico de Nicaragua.
“La cuestión que se plantea ahora es que a menos de un año desde que la ley entró en vigor (junio), y antes de haber tenido la oportunidad de ser implementada correctamente, este texto histórico está bajo ataque”, dijo Major.
La Ley 779 prohíbe la mediación entre las víctimas de la violencia y sus agresores. Sin embargo, en un desarrollo preocupante, algunos magistrados judiciales han sido citados diciendo que la mediación puede ser aceptable en casos de violencia contra la mujer en los que el agresor podría recibir una condena de cinco años o menos.
“Existen buenas razones por las que la ley prohíbe la mediación en casos de violencia contra las mujeres. Cuando las mujeres son objeto de violencia, hay un desequilibrio de poder en la relación, y la conciliación puede hacer que las víctimas sean más vulnerables a los abusos y la violencia en el futuro “, dijo el mayor.
“Las autoridades deben garantizar a las mujeres y niñas el acceso a los procedimientos legales que hagan justicia en los casos penales y civiles, y que aseguren su seguridad.”
