Martha Vásquez y Elízabeth Romero
La magistrada de facto Alba Luz Ramos, presidenta de la Corte Suprema de Justicia, expresó que está de acuerdo con la reforma a la Ley 779 o Ley Integral Contra la Violencia Hacia las Mujeres, pero solo en dos aspectos.
“Yo creo que la reforma es lo ideal, deja más claro todo. Mi miedo es que quieran ir más allá de la mediación”, dijo Ramos.
La circular “lo que hace es como mención, como recordarle a los jueces que tienen por dónde irse para reducir la pena a los agresores”. El enlace nacional de la Red recordó que en los aportes que esa organización hizo a la ley planteaba que no hubiesen beneficios a los agresores, pero esto no se recogió a la hora de su aprobación en el parlamento.
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Las únicas dos cosas que se deben reformar son la restitución de la mediación en delitos menos graves y agregar en el artículo 32, sobre la competencia objetiva de los jueces especializados en violencia, la competencia para conocer la violencia intrafamiliar y sexual, que según Ramos fue un lapsus no incluirlos.
De acuerdo con Ramos, hoy es la última reunión entre los magistrados, donde se decidirá el mecanismo para hacer los cambios a la Ley 779.
Esta discusión inició el mes pasado, luego de conocerse públicamente la admisión de tres recursos por inconstitucionalidad contra dicha norma, por considerar que, supuestamente, viola los principios constitucionales. La ley entró en vigencia el 22 de junio del 2012.
Mientras tanto, Elia Palacios, enlace nacional de la Red de Mujeres Contra la Violencia, manifestó que ha pasado en algunos lugares donde “todavía sientan a la mujer frente a su agresor. Es más, le dicen vaya llámelo, llévele la cita”.
A criterio de Palacios, incorporar la mediación en la aplicación de la ley, vulnera los derechos de las mujeres que sufren violencia. Y los magistrados de la CSJ dejarían en inseguridad a las mujeres, pues esto atenta contra la vida de las víctimas, ya que cuando las mujeres sufren violencia no están en capacidad emocional para mediar con su agresor y, en muchos casos, esto ha sido causa de que muchas de ellas terminen asesinadas.
Es por ello que Palacios considera que con la no aplicación real y efectiva de la Ley 779, se pone “en juego la vida de las mujeres y niñas”.
Hasta el 7 de mayo de este año, el observatorio de esa organización contabiliza 25 mujeres asesinadas en Nicaragua.
Palacios estimó que en Nicaragua existe un subregistro del impacto que la violencia tiene entre las mujeres, pues muchas veces las muertes naturales están vinculadas con la violencia psicológica que por años han sufrido las mujeres.
En el mismo período del año pasado, el observatorio contabilizaba 32 femicidios; sin embargo, para esa organización esto no significa un avance, puesto que con una mujer que sea asesinada debe ser causa de preocupación.
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