Elízabeth Romero
En el primer trimestre del año, las comisarías de la mujer de la Policía Nacional registraron menos denuncias de mujeres violentadas, pero se registró un incremento de delitos por razones de género.
La segunda jefa de las comisarías, comisionada mayor Isabel Largaespada, expuso que ya desarrollan un modelo integrado en el Distrito 5.
Durante el evento se reveló que el Estado, con apoyo del Gobierno, decidió la creación de 99 nuevas Comisarías de la Mujer.
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Esto ocurrió porque la mayor cantidad de denuncias estaban relacionadas con faltas penales y muchos de esos casos, que antes eran tramitados como faltas penales, ahora con vigencia de la Ley 779, Ley Contra la Violencia Hacia las Mujeres, son calificados como delitos, apuntó la segunda jefa de las Comisarías de la Mujer, comisionada mayor Isabel Largaespada.
Entre enero y marzo del 2013 las comisarías recibieron 6,706 denuncias de mujeres violentadas, mientras que en el mismo período del año 2012 fueron 8,768 los casos expuestos en las delegaciones.
Entre enero y marzo del corriente 2013 los registros revelan que hubo un aumento de delitos graves como los femicidios, que pasaron de un caso reportado en los primeros tres meses de 2012 a seis mujeres asesinadas en igual período del 2013.
Las tentativas de femicidio pasaron de cero a ocho casos perpetrados en el período comparativo.
El registro policial destaca un incremento de treinta por ciento en lesiones graves: pasaron de 180 a 203 mujeres violentadas.
Largaespada menciona que entre los delitos que anotan ahora, con la vigencia de la Ley 779, figuran los vinculados a la violencia patrimonial, como el acoso y la función pública.
La comisaría reveló estos datos en un encuentro con representantes de centros de albergue para mujeres víctimas de la violencia.
Luz Marina Torres, del Colectivo 8 de Marzo, de la Red de Mujeres Contra la Violencia, dijo que la red de albergues en el país ya cuenta con unos 12 centros.
Ella es del criterio que el Estado debe destinar presupuesto público a los albergues, porque allí protegen la vida de mujeres y sus hijos de parte de sus agresores.
“El Estado de Nicaragua debe preocuparse porque las mujeres violentadas cuenten con las condiciones necesarias en los albergues, donde buscan protegerse de sus agresores”, dijo Torres.
Hasta ahora todos los centros están financiados por la cooperación internacional y el gasto es de unos 130,000 dólares anuales en cada centro.
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