Emiliano Chamorro y Noel Amílcar Gallegos
“Le vamos a pedir a la Corte (CSJ) que declare inconstitucional la Ley 779, porque consideramos que ha suspendido de forma parcial garantías individuales para el sector de los hombres en Nicaragua. Prácticamente los hombres estamos en un estado de emergencia no declarado”, aseguró, tras aclarar que su postura no significa que él y sus colegas estén a favor de la agresión hacia las mujeres.
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Para las iglesias católica y evangélica, la Ley 779, Contra la Violencia Hacia la Mujer, debe ser reformada y contar con más matices jurídicos para que la misma sea justa, ya que sostienen que tal a como fue planteada la polémica Ley pareciera que se vive una guerra de géneros en el país, mientras las organizaciones feministas insisten en que la Ley no debería ser declarada inconstitucional.
Monseñor Silvio José Báez Ortega, obispo auxiliar metropolitano de Managua, dijo a LA PRENSA que la Ley 779 debería ser moderada con diversos “matices jurídicos”, porque según el jerarca católico “el crimen que se quiere sancionar es horrendo (…) La Ley se puede justificar, pero habría que matizar algunos aspectos jurídicos, ya que los mismos magistrados están hablando de la posibilidad de la mediación en casos de delitos leves”.
Según el pastor Silvio Jarquín Prado, de las Asambleas de Dios, la Ley tal a como está diseñada “parece más bien una guerra entre géneros y es una situación que el Estado no pudo haber aprobado porque lesiona los derechos de unos para favorecer a otros”.
“La Ley es bien compleja porque una mujer te puede fabricar cargos y como la Ley fue diseñada para el género femenino entonces la Ley por su naturaleza les da todo el derecho, y creo que la Ley como tal tiene sus cosas buenas, porque sí reconocemos que la violencia contra la mujer es evidente y el hombre violento tiene que enfrentar la Ley”, dijo el reverendo.
El pastor Jarquín Prado llamó a reflexionar a los magistrados del poder judicial para que la Ley sea más justa y castigue la violencia venga de un hombre o una mujer.
“En cualquier país civilizado la ley se aplica a quien violente la dignidad de la persona, pero esta Ley (779) no está diseñada de esa forma. Se hizo para castigar solamente al hombre. Eso no es correcto”, opina Jarquín Prado.
“Le vamos a pedir a la Corte (CSJ) que declare inconstitucional la Ley 779, porque consideramos que ha suspendido de forma parcial garantías individuales para el sector de los hombres en Nicaragua. Prácticamente los hombres estamos en un estado de emergencia no declarado”, aseguró, tras aclarar que su postura no significa que él y sus colegas estén a favor de la agresión hacia las mujeres.
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