Estado debe pedir perdón

“Quienes ejercen las funciones de presidentes de poderes del Estado (ejecutivo, legislativo y judicial) en forma personal, y no delegada, deberán pedir perdón ante el pueblo maya-ixil por los actos de genocidio” durante la dictadura de Efraín Ríos Montt (1982-1983), anunció ayer la juez Jazmín Barrios, del Tribunal de Mayor Riesgo.

José Efraín Ríos Montt fue recluido el viernes en el Cuartel Militar Matamoros. LA PRENSA/EFE/SAÚL MARTÍNEZ

CIUDAD DE GUATEMALA/AFP

“Quienes ejercen las funciones de presidentes de poderes del Estado (ejecutivo, legislativo y judicial) en forma personal, y no delegada, deberán pedir perdón ante el pueblo maya-ixil por los actos de genocidio” durante la dictadura de Efraín Ríos Montt (1982-1983), anunció ayer la juez Jazmín Barrios, del Tribunal de Mayor Riesgo.

El anuncio fue realizado en una audiencia sobre medidas de reparación a las víctimas a la que no asistió el exdictador tras sufrir un desmayo y ser hospitalizado por una crisis de hipertensión. Ríos Montt, de 86 años, fue condenado a 80 años de prisión por 15 masacres del Ejército en las que murieron 1,771 indígenas mayas-ixiles en el departamento de Quiché.

“No tengo ningún problema en hacerlo (pedir perdón)”, manifestó ayer el presidente de Guatemala, Otto Pérez, un militar retirado experto en contrainsurgencia. En las 11 medidas de reparación también se ordenó al Estado “pedir perdón” a las mujeres ixiles por las violaciones que sufrieron y estableció que las fuerzas de seguridad deben ser “educadas” para “nunca más” cometer graves violaciones a derechos humanos.

Asimismo se ordenó a la Presidencia promover una ley en el Congreso para que cada 23 de marzo, día en el que Ríos Montt tomó el poder en 1982, sea declarado “Día Nacional contra el Genocidio”. Los actos de perdón deberán realizarse en el Palacio Nacional de la Cultura, en el centro de la capital, así como en los municipios de Nebaj, Chajul y Cotzal que comprenden la región ixil en el Quiché, aunque el tribunal no precisó la fecha.

El tribunal dispuso además la inclusión del delito de genocidio en el estatal Programa Nacional de Resarcimiento, que establecerá la reparación en un pago económico o programas de desarrollo para las víctimas. El abogado de Ríos Montt, Francisco García, aseguró que “la motivación del juicio siempre fue económica” al incluir a las víctimas en el programa de resarcimiento y reiteró que apelará la sentencia.

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