A quienes creen que en Nicaragua tenemos el mejor o uno de los mejores cuerpos de policía del mundo, les debe parecer exagerado que se diga que aquí hay un Estado policíaco, solo por algunos abusos que miembros de la Policía Nacional cometen de vez en cuando. Pero no son las palabras, sino la realidad de las actuaciones policiales arbitrarias y represivas —que además no son esporádicas sino sistemáticas—, la que indica que el régimen orteguista está restableciendo un Estado policíaco, que no es exactamente igual a los que hubo durante la dictadura somocista y la dictadura sandinista de los años ochenta, pero sí cada vez más parecido.
La percepción de que en Nicaragua hay un Estado policial se ha hecho más fuerte en los últimos días, por la detención y expulsión flagrantemente ilegal del fotoperiodista chileno de la Agencia Francesa de Prensa (AFP), Héctor Retamal; por el encarcelamiento y acoso policial a concejales y miembros del partido de oposición PLI en el departamento de Rivas; y por las redadas policiales de comerciantes de Estelí y Nueva Segovia, en franco atropello de las normas básicas de los derechos humanos, de la Constitución Política de la República y de la misma Ley 228, que es la Ley de la Policía Nacional.
Pero estas son solo las más recientes actuaciones arbitrarias de la Policía que evidencian la existencia en Nicaragua de un Estado policíaco. Detrás de estas hay una extensa cadena de actuaciones arbitrarias y abusivas que la Policía ha venido ejecutando de manera sistemática, desde que Daniel Ortega recuperó el poder presidencial —y total—, en enero de 2007, y le ordenó a los mandos policiales que recordaran sus orígenes de 1979 y su formación partidista de los años ochenta. Con lo cual Ortega indicó claramente que la Policía volvería a ser un instrumento político sandinista —que ahora es orteguista—, y a ejercer una función intimidatoria y represiva contra la población opositora y descontenta.
El Estado policíaco no solo se manifiesta en forma extrema y archicriminal como el estalinismo en la antigua Unión Soviética y el nazismo en la Alemania de Hitler. También existe y actúa con menos brutalidad, incluso con “moderación”, pero no por eso deja de ser un Estado policial. Sin embargo, el Estado policíaco limitado puede derivar hacia una forma extrema, en la medida que crezca la disidencia y se desarrolle la oposición a un régimen que para mantenerse en el poder a cualquier costo, está dispuesto a incrementar la intimidación y la represión policial que por ahora todavía es selectiva.
Se dice que no hay que llorar sobre la leche derramada, en el sentido de que de nada sirve lamentar por lo que se perdió por culpa propia o ajena. Sin embargo, tenemos que lamentar que la Policía Nacional de Nicaragua se haya desviado de la trayectoria consecuente, de institucionalidad y profesionalismo, que recorrió ejemplarmente durante el ciclo de gobiernos democráticos de 1990 a 2007. Una ruta por la cual la entidad policial hubiera seguido avanzando, de no haber sido porque Daniel Ortega recuperó el poder gracias a las facilidades que le dio el pacto con Arnoldo Alemán y el PLC.
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