Elízabeth Romero
Mirley Mendoza Alvarado habita en la comunidad Kisalaya, Río Coco Arriba, en Waspam. Durante 8 años convivió con un hombre que la golpeaba a patadas y la lesionó hasta con machetes. Un día ella se cansó y lo denunció ante la Policía.
Después de varios años, ahora ella sufre por la violencia de la cual es víctima su hija de parte de su pareja. Aunque ella la aconseja que denuncie al hombre, la hija no la escucha.
Igual que su hija, cuenta Mendoza, hay otras mujeres en su comunidad que no denuncian la violencia que sufren en sus hogares por parte de sus parejas.
En el caso de su hija, Mendoza piensa que, si las organizaciones que en Waspam defienden los derechos de la mujer la integran a talleres para informarle que las agresiones que sufre son delitos, puede que asuma que es víctima de violencia.
Mendoza es una de las asistentes al foro de mujeres impulsado por la organización Wangki Tangni y financiado por ActionAid Denmark, el cual se desarrolla bajo el lema: Caminando juntos y juntas en la lucha por alcanzar el Lama Laka (el buen vivir), sin violencia hacia las mujeres indígenas y su familia.
Durante el foro, el presidente del Tribunal de Apelaciones de la Región Autónoma del Atlántico Norte (RAAN), Jimmy Chang, habló sobre los alcances de la Ley 779, Contra la Violencia Hacia las Mujeres.
“La ley no es contra los hombres, la ley es contra el agresor que violenta el derecho a las mujeres”, explicó Chang.
Mientras, en Managua hay todo un debate sobre si se debe reformar ese norma, en Waspam fue entregada escrita en miskito, para que las mujeres conozcan sus derechos.
La procuradora especial de la Mujer, Deborah Grandison, demandó desde aquí que la ley no sea reformada.
“La ley llama a educar, a deconstruir las conductas machistas que hay en la sociedad y que la Costa Caribe en esta parte ha vivido de manera cruel”, refirió Grandison sobre la realidad de las mujeres del río Coco.
Ver en la versión impresa las páginas: 2 A