Tania Sirias
El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) realizó un informe sobre los acontecimientos en el municipio de Rancho Grande, Matagalpa, donde refleja la persecución política y la represión judicial que sufren los concejales opositores, pertenecientes al Partido Liberal Independiente (PLI) y Partido Liberal Constitucionalista (PLC) de parte del FSLN.
En cuanto a la destitución de la exalcaldesa, María Isabel González Amador, afirmó que esta violó el artículo 34, numeral 6 de la Ley de Municipios, que señala que es atribución de “convocar y presidir las sesiones del Concejo Municipal”.
En tal sentido, hay causal de destitución, establecido en el artículo 24, cuando hay falta de convocatoria por un periodo igual o mayor a los sesenta días, los cuales se cumplieron el 17 de marzo pasado.
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El informe destaca “un fuerte deterioro en el sistema electoral, en los derechos civiles y políticos”, además que hay “evidencias de obstáculos al ejercicio de ciudadanía, que se ve limitada en la gestión, administración pública, represión a la protesta mediante las instancias judiciales y finalmente la desaparición de la autonomía a partir del control absoluto de la vida política por parte del Gobierno central”.
Mauro Ampié, subdirector del Cenidh, lamentó que los concejales de oposición estén siendo presionados e intimidados por operadores políticos del Frente Sandinista, con el fin de lograr el dominio del Concejo.
PRESIÓN Y CHANTAJES
Ampié se refirió a los hechos del informe donde los concejales expusieron formas de represión y chantajes, como es la cancelación de concesiones de transporte, el cierre de una farmacia y consultorio perteneciente al concejal suplente liberal Gerónimo Bendeck López.
Se entrevistó al concejal Jesús María Centeno, quien fue acusado por delitos ambientales.
“También han afectado a sus familiares cercanos, ya que algunos trabajan en la Alcaldía y los amenazan con el despido”, dijo el subdirector del Cenidh.
campañaS de desprestigio
El informe agrega que el excalcalde y coordinador del PLI en Rancho Grande, Alfredo Zamora, fue objeto de una campaña de desprestigio, ya que distribuyeron papeletas donde lo acusan de corrupción, de abusar a niños y de ser homosexual, atentando contra su integridad moral y la de su familia.
La concejal Lilliam Escoto fue interceptada en febrero de este año por un motorizado, quien sin quitarse el casco, la amenazó diciendo que si no se plegaba a los intereses del FSLN, procederían a difamarla en el municipio, como efectivamente lo hicieron con papeletas.
Al concejal Donald Siles lo señalan de la destrucción de un vehículo durante las elecciones de 2011. Además de abusar a un niño de 13 años y de ser drogodependiente. Por mensaje de texto vía internet le dijeron que eso puede resolverse si apoya al FSLN.
En cuanto a la destitución de la exalcaldesa, María Isabel González Amador, afirmó que esta violó el artículo 34, numeral 6 de la Ley de Municipios, que señala que es atribución de “convocar y presidir las sesiones del Concejo Municipal”. En tal sentido, hay causal de destitución, establecido en el artículo 24, cuando hay falta de convocatoria por un periodo igual o mayor a los sesenta días, los cuales se cumplieron el 17 de marzo pasado.
Mauro Ampié, subdirector del Cenidh.
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