Managua/ACAN-EFE
La procuradora especial de la Diversidad Sexual de Nicaragua, Samira Montiel, pidió hoy incluir a las personas transgénero en la controvertida Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres, que ha ocasionado polémica en el país.
“La Ley 779 (ley que castiga la violencia de género) debe reconocer como un femicidio aquellos actos de violencia hacia una persona transgénero”, consideró la funcionaria, en declaraciones al Canal 12 de la televisión local.
“También debe reconocer los actos de violencia hacia lesbianas”, agregó.
Según Montiel, “las personas transgénero son las que más sufren violencia en Nicaragua: son asesinadas o violentadas, pero la ley no reconoce la existencia de estas personas”.
“La diversidad de género es un derecho. En nuestra sociedad existe una comunidad de personas transgénero, o sea que nacieron hombres biológicamente pero que viven una vida como mujeres”, alegó.
Por su lado, la coordinadora de postgrado de la Universidad Centroamericana (UCA) y experta en derecho constitucional, María Asunción Moreno, explicó a periodistas que el espíritu de la Ley 779 es “proteger a la mujer en las relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres”.
Moreno indicó que la ley contra la violencia hacia las mujeres castiga a los hombres en seis de diez delitos, y que las féminas también pueden ser acusadas si no denuncian un acto de violencia de género.
La ley contra la violencia hacia las mujeres impone la pena máxima de 30 años permitida por el código penal nicaragüense a los hombres que cometan el delito de violencia de género y no permite la mediación, aunque la mujer perdone al hombre.
Esa imposibilidad de la mediación ha sido uno de los argumentos utilizados en los cuatro recursos de inconstitucionalidad presentados contra la ley ante la Corte Suprema de Justicia, que aún no se ha pronunciado sobre ninguno de ellos. La ley también tipifica como delito únicamente la agresión de hombres hacia mujeres.
Un grupo de abogados independientes y miembros de la iglesia evangélica Asamblea de Dios se manifestaron el viernes pasado ante la Suprema Corte para protestar contra esa ley por considerar que crea desigualdad entre el hombre y la mujer y desintegra a la familia.
En tanto, funcionarios del Poder Judicial, incluidos jueces que ven casos de violencia de género, se manifestaron ese mismo día a favor de esa ley y demandaron a la Corte declare su constitucionalidad.
La Corte Suprema estudia la posibilidad de incluir la figura de la mediación en la ley que castiga la violencia de género.
El Movimiento Amplio de Mujeres de Nicaragua, que reúne a 105 organizaciones femeninas del país, defiende la ley y ha pedido públicamente al Supremo que declare su constitucionalidad.
