Adolfo Acevedo Vogl
Economista
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La valuación actuarial del Programa Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) del INSS se llevó a cabo con un horizonte temporal hasta 2070. De la lectura del documento, que resume las conclusiones y propuestas de dicho estudio, resulta evidente que solo algunas pocas de las medidas propuestas están orientadas a evitar que surjan los déficit de caja que llevarían a este programa a la insolvencia, en el curso de la próxima década.
Las medidas propuestas percibidas como más drásticas, y que han levantado mayor preocupación, no son aquellas que se orientan a hacer frente a dichos déficit en el próximo par de décadas, sino las orientadas a lograr anticipadamente el equilibrio financiero del programa hasta el año 2070.
Este horizonte temporal es sumamente largo, y debido a que en este período el proceso de envejecimiento en nuestro país alcanzará e incluso superará los niveles que prevalecen actualmente en los países desarrollados, para poder lograr anticipadamente el equilibrio financiero del programa hasta entonces, las medidas a adoptar aparecen como excesivamente drásticas.
Debido a la total incertidumbre que envuelve al proceso, inédito en la historia, mediante el cual la humanidad en su conjunto ha comenzado a envejecer, no resulta nada extraño que exista estupor cuando un estudio actuarial con un horizonte de tiempo hasta 2070, coloca por primera vez al país de cara a la magnitud de los desafíos que ello representa.
Este proceso se está reflejando en la disminución del número de personas en edades activas en relación con el número de adultos mayores, cuyo aumento en la longevidad hace que vivan por más tiempo y su número se acumule más rápido, lo cual está aumentando su peso dentro de la población total.
En los países desarrollados esto está afectando la sostenibilidad de los sistemas de pensiones, en la medida en que la debilidad del crecimiento y el elevado desempleo reducen los ingresos, haciendo difícil que puedan mantenerse las prestaciones a los niveles anteriores, mientras el avance del envejecimiento continúa aumentando las cargas financieras.
En nuestro país, en el que la población es todavía predominantemente joven, las perspectivas del sistema público de pensiones son todavía más complicadas: este amenaza con arribar a un estado de insolvencia en relativamente pocos años. Esta aparente paradoja aumenta la suspicacia sobre las propuestas de reformas.
La aparente paradoja, sin embargo, tiene respuestas relativamente sencillas: se trata de un sistema con una bajísima cobertura, debido a las características estructurales del mercado laboral, en que los salarios de los cotizantes son en promedio excesivamente bajos, mientras las pensiones han venido creciendo con más rapidez que el salario medio de los cotizantes, debido a la indexación indirecta de las mismas con respecto a la evolución del salario mínimo.
En esas condiciones, bastara una disminución que puede considerarse todavía moderada, en la relación cotizantes/pensionados, como la que se proyecta que ocurrirá en el curso de la próxima década, para que el sistema genere déficits que lo llevarían a la insolvencia, en un plazo relativamente corto, si no se produce ningún cambio.
En todo caso, pueden diferenciarse dos momentos: el primero comprendería desde ahora hasta aproximadamente 2030 o quizá hasta 2040. Hasta entonces, la situación financiera del Programa IVM puede enfrentarse con reformas que, si se comparan con las que estaban siendo propuestas, pueden considerarse menores.
Los actuarios podrán determinar mejor qué alternativas concretas de reformas existen, y por cuánto tiempo extenderían el horizonte de solvencia del programa.
El segundo momento correspondería al período posterior a 2030-2040. Se trata del momento en que el país arribará de lleno a la fase del envejecimiento pleno o avanzado de su población.
Al llegar a ese momento, y para poder afrontar sus agudas exigencias, será preciso que se eleve de manera significativa el porcentaje real de su ingreso que los trabajadores tendrán que destinar, de manera directa e indirecta, a sostener al número en ascenso de adultos mayores; y si no se puede hacer recaer todo el peso de la carga sobre el aumento de los aportes o contribuciones de los trabajadores, también deberá disminuir la denominada tasa de reemplazo.
Cabe enfatizar que lo anterior es válido tanto para el programa IVM del INSS, como para la sociedad nicaragüense en su conjunto.
Lo que haría toda la diferencia del mundo, en términos de la capacidad de manejar de la mejor manera estos cambios, y en términos de la tolerancia social respecto a los mismos, sería el nivel del ingreso real per cápita que se haya logrado alcanzar para entonces, lo cual dependerá crucialmente de que logre mantenerse de manera sostenida, desde ahora y a lo largo de las próximas décadas, un elevado ritmo de aumento de la productividad.
Por supuesto, esto no resulta nada fácil de lograr, como lo muestra el hecho de que solo pocos países lo han conseguido, pero la propia experiencia de esos países, que partieron de un nivel de ingreso per cápita muy inferior al que Nicaragua exhibía en ese momento, muestra que tampoco es imposible.
No se sabe hasta dónde podría llevarnos un esfuerzo nacional sostenido de desarrollo, que concentre las energías y recursos del país en esta dirección, pero el peor escenario posible, desde todo punto de vista, es aquel en que dicho esfuerzo de desarrollo no se lleva a cabo.
