Sindicatos de servicios y policía migratoria en Estados Unidos criticaron este lunes la reforma legislativa a debate en el Senado, que abriría la puerta a la legalización de más de once millones de indocumentados.
En una carta pública, el sindicato de los servicios de Inmigración y Ciudadanía (USCIS por sus siglas en inglés) alertó que el proyecto de reforma “dañará la seguridad pública y debería recibir la oposición de los legisladores”.
Bajo la actual presidencia de Barack Obama, “la cultura en el seno del USCIS es de alentar la aprobación de todas las demandas (de legalización)”, acusaron los funcionarios.
La carta retomó los mismos argumentos de otro sindicato, que representa a los agentes de los servicios de aduanas e inmigración (ICE), que criticó la semana pasada el hecho de que no fueron consultados para preparar la reforma.
Esas críticas se producen en pleno debate del proyecto de reforma de los servicios de inmigración más importante de las últimas tres décadas en Estados Unidos.
Un subcomité del Senado se reunió de nuevo este lunes, en cuarta sesión consecutiva, para abordar el proyecto, que contiene más de 800 páginas.
El USCIS “se ha vuelto una máquina de aprobar (demandas de indocumentados)” aseguró el sindicato de dicha agencia.
La carta del sindicato del ICE, que alerta que sólo tienen 5,000 agentes en todo el país, detalla a lo largo de cinco páginas lo que considera laxitud con el estatus de los indocumentados, en especial de los jóvenes menores de edad.
El proyecto de reforma actualmente en proceso de enmiendas crea un sistema de legalización, aumenta las cuotas de entrada de trabajadores extranjeros temporales y destina más recursos para la seguridad en las fronteras.
“La legislación ha sido escrita con (la ayuda de) intereses especiales- y produjo una ley que empeora el sistema actual, no lo mejora”, criticó la carta del sindicato del USCIS.
El gobierno Obama, que ha hecho de la reforma migratoria uno de sus principales objetivos en el Congreso, ha modificado la persecución de los ilegales para concentrarse en la localización y deportación de los que tienen antecedentes.
“Este gobierno ha hecho mejoras históricas (…) mediante reformas de sentido común. Volver al sistema que trata de la misma forma a criminales violentos como a niños que llegaron a este país sin ser culpa suya tan sólo minaría la integridad del sistema inmigratorio”, reaccionó un portavoz del Departmento de Seguridad Interna, Peter Boogaard, en un correo enviado a la AFP.
El gobierno también mejoró el estatus de los jóvenes que llegaron como menores al país, aunque también ha batido récords de deportación en los últimos cuatro años, en torno a 1.2 millones de indocumentados.
