César Úbeda Bravo
Una investigación del Ilanud en la región sobre el mejoramiento de los sistemas penales juveniles de América Central destacó que la justicia penal especializada no se aplica adecuadamente porque los jueces no están capacitados.
“La investigación arrojó el importante dato que la justicia penal especializada no se aplica adecuadamente porque los jueces no están especializados. Los jueces entrevistados dejan ver que necesitan ser capacitados en temas relacionados al derecho internacional y teoría sobre los derechos de los niños, criminalidad de los adolescentes, teoría del delito, la sanción penal juvenil, las garantías procesales, medidas cautelares, mecanismos de diversión del proceso, entre otros temas”, concluye parte de la investigación.
Los resultados de la investigación se publicaron en el libro Prevención de la violencia juvenil y fortalecimiento del sistema de justicia penal juvenil que presentaron el Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente (Ilanud), la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid), el Instituto de Estudio e Investigación Jurídica (INEJ) de Nicaragua y la Escuela Judicial de Costa Rica.
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La investigación pone de relieve que la región ha dado pasos importantes desde que abandonó los sistemas arbitrarios de las legislaciones tutelares y que tenían al derecho como fórmulas mágicas para resolver los problemas de los niños y niñas que se alegaba que infringían la ley penal, poniendo a la suerte de funcionarios el destino de estos.
“Este panorama fue superado desde la Convención sobre los derechos del niño y la adecuación de las legislaciones nacionales a esta, fundamentado en el interés superior del niño, lo que se destaca en la investigación como legislaciones bien logradas y acordes al más avanzado desarrollo de la Criminología contemporánea”, indica la investigación.
EXACERBADO ENFOQUE POLICIAL
El experto del Ilanud, Douglas Durán, expresó que el enfoque de la investigación parte de que nuestras sociedades tienen el compromiso de abordar el tema de las infracciones penales de las personas menores de edad desde una perspectiva en la que impere una visión garantista que no haga énfasis solamente en el castigo, sino también en una propuesta de prevención no represiva y de reinserción social.
“Una de las conclusiones a las que se llega es que lo exacerbado del enfoque policial con que se ha hecho frente al fenómeno de las conductas problemáticas de las personas jóvenes en conflicto con la norma penal en la mayoría de los países de América Central, es no solamente —con frecuencia— violatorio de sus derechos, sino también inútil, por cuanto no ha resultado en una disminución de las tasas de criminalidad”, indicó Durán.
Añadió que se debe pensar en mejorar los sistemas encargados de la administración de Justicia penal juvenil. “Es menester plantearnos, como lo hacen los operadores consultados en el curso de esta investigación, de qué manera prevenimos la violencia de los jóvenes mediante la creación de oportunidades y de mejores condiciones de vida”.
MEJORA LENGUAJE ORAL
Entre otras conclusiones es que hubo referencias reiteradas en el sentido de que se estarían dando en el proceso penal juvenil, en todos los países objeto del presente proyecto, falencias (error) en materia de manejo de la oralidad, que podrían ser obstáculo para una administración de justicia de mayor calidad en la materia.
“Sobre este punto llamó la atención que se percibieron algunas debilidades en temas de oralidad y en el uso del lenguaje, por ejemplo, a la hora de explicar el juez o la jueza a las partes los alcances de sus resoluciones en un lenguaje sencillo y al alcance de todos y todas. Vista tal circunstancia no se debe descartar algún tipo de capacitación en temas de oralidad, lo cual redundará en mejores posibilidades para las partes, para tener un acceso de mejor calidad a la justicia”, puntualizó Durán.
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