Martha Vásquez
De 7,500 causas tramitadas en los diferentes juzgados del país por delitos contemplados en la Ley 779 o Ley Integral Contra la Violencia Hacia las Mujeres, un total de 2,400 se han resuelto por medio de arreglos y 900 hombres han sido sobreseídos y absueltos, informó ayer la magistrada de facto Alba Luz Ramos, presidenta de la Corte Suprema de Justicia.
También se viola la presunción de inocencia de los hombres, según opositores a la norma, porque desde que es denunciado el hombre se le trata y reconoce como presunto culpable y además viola el principio de defensa, alegan.
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Los hombres condenados son “500 y pico”, agregó la funcionaria. Esta cifra revela que los jueces han aplicado otros principios de oportunidad que contempla el Código Penal, como la suspensión condicionada de la acción penal, la suspensión de la persecución penal y el arreglo.
Estos datos fueron revelados por Ramos, en medio del debate sobre si la ley debe o no ser reformada y las vías para esa reforma.
Ramos mantuvo que dicha norma fue ampliamente consultada antes de ser aprobada por la Asamblea Nacional en febrero del 2012 y es hasta ahora que se está cuestionando.
En marzo de este año se conoció públicamente que la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia admitió al menos tres recursos de inconstitucionalidad contra dicha norma.
El debate sobre si la ley es constitucional o no, hasta hoy mantiene dividida a la Corte.
Sin embargo, el poder judicial ya manifestó que hay consenso para eliminar el artículo 46 de la Ley 779, para restituir la mediación en delitos menos graves.
“Considero más importante que la ley se asiente en su aplicación, y ver cómo se desenvuelve, pero otros magistrados dicen que hay que aplicar la mediación”, dijo Ramos.
MEDIACIÓN REGULADA
Si se restituye la mediación debe ser bajo ciertos criterios, dijo Ramos, entre estos que el agresor no sea reincidente, que el delito no sea grave, que se le aclare a la víctima que es voluntaria y que se haga frente al fiscal y el juez.
Según declaraciones del magistrado de facto Rafael Solís, se está trabajando un proyecto de reforma a la Ley 779, para ser revisado en Corte Plena y enviarlo a la Asamblea Nacional.
Para el magistrado Francisco Rosales el problema de la ley es que prohíbe la mediación en delitos leves, cuyas penas son menores a los cinco años de cárcel, contrario al Código Penal de Nicaragua.
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