Gloria Picón Duarte
Otro punto propuesto en el dictamen de minoría es la ampliación del beneficio tarifario a todos los adultos mayores, independientemente de que reciban o no una pensión del Seguro Social.
En el mismo dictamen se dispone la obligatoriedad al ente regulador de publicar detalladamente cada una de las operaciones financieras realizadas o certificadas para la determinación de la tarifa final a los consumidores.
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El viernes pasado, diputados de la Bancada Democrática Nicaragüense (BDN) entregaron en Primera Secretaría de la Asamblea Nacional un dictamen de minoría sobre las reformas a la Ley de Estabilidad Energética, por considerar que el dictamen elaborado por los diputados oficialistas contiene varias irregularidades, entre ellas la de tenerlo listo previo a las escasas consultas que realizaron.
El diputado Carlos Langrand, miembro de la Comisión Económica, dijo que el día que realizaron las consultas con el Ministro de Hacienda, con el Ministro de Energía y Minas y con el Instituto Nicaragüense de Energía, los oficialistas al parecer ya tenían preparado el dictamen, por lo cual decidieron elaborar un dictamen de minoría en el que proponen que se congele la tarifa hasta quienes consumen 200 kilowatts al mes en lugar de 150, tomando en cuenta que la matriz energética ha venido cambiando hacia la renovable, favorablemente.
Los diputados opositores también pretenden favorecer en el dictamen de minorías a los micro y medianos empresarios de panaderías con tarifas especiales, ya que sus productos son de consumo básico de la población. Asimismo, propone tarifas especiales a pulperías y pequeños establecimientos distribuidores de productos alimenticios de consumo básico, como una forma de incentivar a estos comerciantes.
Otra de las iniciativas es anular la propuesta del oficialismo que receta cárcel a quienes cometan fraude energético y plantean realizar una campaña de sensibilización y poner multas, en lugar de encarcelar.
Con el dictamen de minorías también se pretende que la extensión del subsidio sea por un periodo de cinco años en lugar de dos, como propone la bancada oficialista, y además eliminar la propuesta de condonar del pago de las multas y sanciones establecidas para las distribuidoras antes de la última transacción accionaria.
Por otra parte, señalan que hay que eliminar los onerosos beneficios que se hacen a la empresas distribuidoras, como es exonerarlas del pago de impuestos.
El dictamen incluyó una contrapropuesta al Código Penal.
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