Josué Bravo
Corresponsal/Costa Rica
El estatal Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), viola convenios internacionales suscritos por Costa Rica a favor de la niñez y la adolescencia, al no permitir la matrícula de extranjeros en condición migratoria irregular, alegando razones de legalidad.
Así lo alerto en un foro sobre migración el sociólogo costarricense, académico de la Universidad de Costa Rica (UCR) e investigador del Instituto de Investigaciones Sociales (IIS), Carlos Sandoval García; quien infructuosamente ha intermediado ante las autoridades el INA para revertir la restricción.
El INA es una institución autónoma que capacita y forma profesionales en el país. Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (Inec), en el país viven 287 mil 766 nicaragüenses y representan el 74.6 % del total de inmigrantes residentes; calculado en 385 mil 899 extranjeros.
De esa cantidad de nicaragüenses, el 9.5 por ciento no tiene estudios, el 48.9 por ciento primaria, el 35.1 por ciento secundaria y el 6.5 universitaria.
Desde noviembre anterior Sandoval y el doctor José María Gutiérrez han intentado reunirse con el rector de la entidad para conocer el criterio legal que impide el estudio de extranjeros irregulares que cumplen con los requisitos académicos.
Eso no ha sido posible y el entonces rector, hoy Ministro de Trabajo, Olman Segura, vía correo electrónico respondió el 20 de noviembre que “en efecto, la ley del INA solo nos permite brindar formación y capacitación profesional a costarricenses y extranjeros nacionalizados. No podemos hacerlo para extranjeros, no solo por restricciones legales sino además porque no tendríamos la capacidad de atender los miles que la solicitarían tanto de los que ya viven en el país como los que potencialmente se atraerían”.
Luego, el subgerente técnico del INA, Roberto Mora, les respondió también vía correo electrónico, que invocando el principio de legalidad, el Instituto debe apegarse a la ley y lineamientos emitidos por Migración y Extranjería.
En ese sentido, explicó Mora, para ingresar al INA y optar a un curso técnico, el extranjero debe presentar cédula de residencia o carné de refugiado; permiso temporal de trabajo o un permiso especial de estudiantes emitido por las autoridades migratorias.
Para Sandoval, Costa Rica violenta convenios internacionales suscritos sobre la niñez y la adolescencia, al no permitirle el derecho al estudio.
“No es problema por falta de recursos porque según la Contraloría, en el año 2012 esta institución sub ejecutó el 29 por ciento del presupuesto estatal asignado. Con eso tenemos elementos para decir más específicamente que tienen derecho los extranjeros y existe el dinero para el estudio”, acotó Sandoval.
“Lo que pretendemos es que tan siquiera sean candidatos a elegir una vez cumplido los requisitos académicos y nuestra tesis es que ese principio de legalidad también incluye la normativa internacional a la cual el estado ha suscrito”, añadió.
Para continuar en con esta lucha, Sandoval planteó tres acciones no excluyentes: “una reunión con el Presidente Ejecutivo (del INA) en el marco del Consejo Nacional de Migración, un recurso de amparo y colocar el tema en la agenda de los medios de comunicación.
