Lucía Navas
El asesor presidencial para asuntos económicos, Bayardo Arce, reconoció como “válido” el reclamo de las cámaras empresariales respecto a que el cobro por el servicio de inspección por escáner en las aduanas debe ser conforme una tasa fija y no en un porcentaje sobre el valor de la mercancía importada y exportada.
Por ende el titular de la Dirección General de Servicios Aduaneros (DGA), Eddy Medrano, se habría extralimitado al aprobar mediante un contrato a la empresa Alvimer Internacional y Compañía Limitada el derecho de cobrar sobre el valor de la mercancía declarada que pase a través del sistema de escáner que será instalado en las aduanas del país. “Hemos conocido este criterio (de los empresarios) y he hablado con el presidente (inconstitucional Daniel Ortega) y él está claro de que se cometió un error técnico”, afirmó Arce.
El funcionario aseguró que este punto será corregido y se dejará el cobro conforme una cuota fija en el anteproyecto de Ley de Concesión de los Servicios de Inspección No Intrusiva en los Puestos de Control de Fronteras para la Seguridad Nacional, antes que lo apruebe la Asamblea Nacional.
Ya el anteproyecto de ley fue dictaminado por la Comisión de Infraestructura del parlamento para que sea aprobado en los próximos días. Sin embargo, Arce dijo que los cambios son posibles mientras el plenario no apruebe y el presidente de la República ratifique la ley.
NO HACEN CASO AL COSEP
Y pese a que el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) exigió detener la aprobación del anteproyecto de ley de concesión a favor de la empresa extranjera Alvimer Internacional, porque entre otras cosas consideran excesivo los treinta años con derecho a prórroga por el mismo tiempo y la forma sucesiva que entregan el servicio en las aduanas.
Arce no se refirió a este punto. Se limitó a justificar que el sistema de inspección por escáner al transporte de mercancías y de personas en las fronteras es una exigencia internacional que Nicaragua debe cumplir. “Este tipo de servicios que se presta para agilizar el comercio y para llenar las exigencias del imperio, aquí Estados Unidos es el que manda a inspeccionar porque no deja ingresar las importaciones que no hayan sido escaneadas”, dijo Arce.
El contrato de concesión firmado por el director de la DGA, Eddy Medrano, con la empresa Alvimer Internacional, deja indefenso al Estado por cuanto en una de sus cláusulas establece que si la DGA decide cancelar el contrato, antes del plazo establecido, estará obligado a pagar en treinta días un resarcimiento equivalente a lo facturado en el mes multiplicado por los meses pendientes del tiempo acordado de brindar el servicio.
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