[/doap_box][doap_box title=»Casos a arbitraje» box_color=»#336699″ class=»aside-box»]
El presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), José Adán Aguerri, manifestó que algunos de estos casos han sido enviados también al centro de mediación y arbitraje de la Cámara de Comercio de Nicaragua (Caconic) “de esta manera se estará buscando también un mecanismo de solución en el que no se involucren los demandantes y la Procuraduría sino que se emplean mecanismos de resolución de conflictos alternos”.
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Humberto Galo Romero
El sector empresarial confía en que el waiver de la propiedad —una dispensa que permite al país obtener fondos de fuentes estadounidenses— podrá ser otorgado por el Gobierno de Estados Unidos a Nicaragua sin mayores contratiempos debido a que se han resuelto una mayor cantidad de reclamos de lo exigido.
“Estamos entrando al último mes previo a que el Gobierno estadounidense emita una resolución sobre el waiver de la propiedad para Nicaragua y hasta el día de hoy (ayer) se han resuelto sesenta casos satisfactoriamente”, declaró José Adán Aguerri, presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep).
Según Aguerri, esta cantidad de casos resueltos es una “buena señal” que Nicaragua está enviando al Gobierno de Estados Unidos. Señala que esperan resolver seis casos más antes del 18 de julio, que es cuando se espera una decisión del Gobierno estadounidense. Esto permitiría al país elevar a 66 casos el número de demandas resueltas, cuando la exigencia mínima es de 60. Asimismo Aguerri destacó como algo positivo el hecho que la Procuraduría General de la República (PGR) ha comenzado también a hacer una depuración en la lista de reclamos por propiedad.
“También lo novedoso que ha sucedido en esta última semana es el hecho que el Gobierno de Nicaragua acordó con el Gobierno de Estados Unidos la depuración de la lista de reclamos, en este sentido se han depurado un total de 33 casos, eso significa que adicional a los sesenta casos resueltos hasta ahora, se sumarán estos también”, dijo el representante empresarial.
Esta dispensa se impuso a Nicaragua tras las confiscaciones de propiedades en los años ochenta, conocido como “la piñata”, ocurrida durante el primer periodo del actual gobierno sandinista.
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