12 preguntas sin repuestas - La Prensa



Rectores piden explicaciones sobre el canal

12 preguntas sin repuestas

El Consejo Nacional de Rectores planteó ayer varios cuestionamientos que no pudo responder el ministro secretario de la Presidencia para Políticas Nacionales, Paul Oquist Kelley, sobre el marco jurídico del Canal Interoceánico y la renuncia de Nicaragua a su soberanía.

20/06/2013

Canal traerá un millón de empleos según Oquist

Vladimir Vásquez y Lucía Navas

El Consejo Nacional de Rectores planteó ayer varios cuestionamientos que no pudo responder el ministro secretario de la Presidencia para Políticas Nacionales, Paul Oquist Kelley, sobre el marco jurídico del Canal Interoceánico y la renuncia de Nicaragua a su soberanía.

“Nicaragua queda en la indefensión”, le espetó Adrián Meza, presidente del Consejo Superior de Universidades Privadas, durante un foro realizado ayer en la Universidad Nacional de Ingeniería, donde el asesor presidencial explicaría formalmente a los rectores las bondades y alcances del proyecto del Gran Canal Interoceánico por Nicaragua.

Meza entregó a Oquist un documento con 12 preguntas, “que son parte de la preocupación que comparten las universidades privadas del país”.

El rector Meza cuestionó a Oquist sobre la renuncia de Nicaragua a sus derechos como nación soberana, establecida en el artículo 10 de la Ley del Canal, aprobada recientemente en la Asamblea Nacional.

“¿Por qué se establece en el artículo 10, de la Ley 840, que el concesionario únicamente procurará que el Estado reciba el pago de los diez millones de dólares anualmente durante los primeros diez años?”, cuestionó Meza.

Además le preguntó: “¿Por qué la Ley estableció en el artículo 3 de la Ley 840 que la prórroga por otros cincuenta años después de los primeros cincuenta años de la concesión del Canal, será decidida unilateralmente por el inversionista?”, silencio.

Ante el silencio del funcionario público, el rector modificó su intervención: “No nos oponemos a que se realice el proyecto, pero queremos explicaciones convincentes”, dijo Meza.

Los estudios que determinarán la factibilidad de construir un Canal Interoceánico en Nicaragua durarán entre uno y dos años, informó este miércoles Ronald MacLean Abaroa, vocero de la firma del empresario chino Wang Jing, que tiene la concesión del proyecto.

“Por lo menos un año, pueden ser dos, hasta dos años para saber la verdad” sobre la viabilidad del proyecto, dijo MacLean Abaroa a periodistas, luego de una presentación en el centro de estudios Diálogo Interamericano. A principios de junio, el presidente nicaragüense, Daniel Ortega, había señalado que tras unos meses de estudios, las obras del Canal comenzarían en mayo de 2014.

Según el vocero, el financiamiento de los estudios recaerán únicamente en la firma HK Nicaragua Canal Development Investment Co. (HKDN), que preside Wang, aunque no detalló los costos, aludiendo a la confidencialidad de las negociaciones. La concesión se hizo el pasado 14 de junio.

El impacto ambiental

El presidente del Consejo Nacional de Universidades, Telémaco Talavera, le dijo a Oquist que consideraba que era necesario que se realizarán primero los estudios necesarios para la implementación del proyecto.

“Aquí hay preocupaciones que se han planteado y se han asumido”, dijo Talavera, quien consideró que era necesario que las universidades nacionales también formaran parte de las instituciones que realizarán el estudio de impacto ambiental.

“Hay algunos aspectos de la parte legal que deben ser analizadas y estudiadas”, dijo Talavera.

El rector de la Universidad Americana, Ernesto Medina, dijo en el foro que “nadie está en contra de las obras que se están anunciando”, pero mostró preocupación por el impacto que el proyecto tendrá en el lago de Nicaragua.

Un reportaje de LA PRENSA publicado este 19 de junio reveló que la Ley del Canal derogó todo el marco jurídico nacional e internacional que garantizaba la defensa legal de los recursos naturales.

“Ya deberíamos estar discutiendo cuál es el alcance de las obras que se necesitan en esta parte del trayecto del Canal para tener el agua suficiente para que los barcos puedan navegar, qué va a pasar con los ríos”, cuestionó Medina.

“¿Cuál puede ser el plan alternativo si los estudios ambientales determinan que no se puede realizar el Gran Canal por el lago de Nicaragua?”, preguntó otro de los rectores. Oquist anotaba las preguntas y guardaba silencio.

Las bondades del canal

Cuando le tocó responder, el asesor de la presidencia expuso ante los rectores las bondades que, a criterio del Gobierno, tendrá el Canal, pero evitó responder las preguntas realizadas por los rectores, sobre el Marco Legal de la Concesión realizada al chino Wang Jing.

Oquist argumentó que el tema legal debía responderlo el diputado sandinista Edwin Castro, “pues no es mi área”.

Sin embargo, también evitó responder las preguntas sobre el impacto ambiental y los estudios que se realizarán sobre la viabilidad económica. Luego, sin aclarar las dudas de los 56 rectores nacionales, disertó sobre los posibles beneficios económicos a mediano y largo plazo del proyecto del Canal.

Reiteró que el país tendría un crecimiento económico de más del diez por ciento en los años posteriores a que el proyecto entre en funcionamiento.

Repitió que el empleo formal para el año 2018 podría aumentar hasta más de un millón 927 mil en vez de los supuestos 600 mil empleos que fueron registrados en el 2012.

El funcionario además explicó que las proyecciones indican que los grandes barcos podrían realizar hasta 12 viajes al año en lugar de nueve como actualmente se hace por Panamá.

“Los ingresos del Gobierno de Panamá pasaron de 4,000 millones a 14,000 millones”, comparó Oquist, para establecer el impacto que tendrá el proyecto una vez que arranque. Nadie más volvió a preguntar nada del tema.

Cosep va con recurso

El Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) reiteró ayer su apoyo al proyecto del Canal, pero insistió en que hay dos aspectos que no comparten: el mecanismo sobre el pago por las propiedades que serán expropiadas y la renuncia del Gobierno a defender las reservas financieras del Banco Central de Nicaragua.

José Adán Aguerri, presidente de la cúpula empresarial, reiteró que para el gremio era urgente la revisión de la Ley de Concesión del Canal ante los tribunales nacionales y la misma Presidencia de la República.

La ley establece que el país renuncia a la inmunidad soberana del Banco Central y obliga al Estado a responder con las reservas internacionales del país ante una eventual disputa promovida por empresarios.

El Cosep explicó que con el recurso de inconstitucionalidad parcial que introducirá en los próximos sesenta días contra la ley, buscarán que se resuelva con “rapidez” lo del BCN.

“Se está poniendo en vulnerabilidad la estabilidad” del país en cuanto al sostenimiento macroeconómico y los compromisos con los organismos internacionales”, dijo Aguerri.

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