Gloria Picón Duarte
Después de una ardua discusión en el seno de la Comisión de Asuntos Indígenas de la Asamblea Nacional no hubo consenso para tomar las acciones pertinentes contra la ley que otorgó la concesión del Gran Canal, debido a que lesiona derechos de las comunidades indígenas.
El diputado independiente Santiago Aburto señaló que la propuesta de los diputados de la Bancada Democrática Nicaragüense (BDN) y la de él era desconocer la ley y hacer los señalamientos específicos, porque violenta la Ley 28, la Ley 40, la 445, la Constitución Política de Nicaragua y el Convenio 169 de la OIT, sin embargo la propuesta fue rechazada por los diputados del Frente Sandinista y los Yatama, que son aliados del oficialismo.
El argumento de los diputados oficialistas es que hay que esperar a que se defina la ruta para ver qué territorios serán afectados.
Brooklyn Rivera, presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas, manifestó antes de la aprobación de la referida ley que se violentó el derecho de los pueblos indígenas a ser consultados, pero luego votó a favor de la ley, aunque en la aprobación en lo particular votó en contra de los artículos que tienen que ver con la expropiación y ahora señala que esperará a que se defina la ruta para tomar las medidas necesarias.
RIVERA: NO SON NECESARIAS LAS REFORMAS
La propuesta de Rivera es que una vez que se conozca la ruta no se expropien los territorios indígenas, sino que se utilice la figura de arriendo “que es una salvaguarda de los territorios que no pueden ser embargables, enajenables, con esa figura se puede negociar con el Gobierno y el inversionista. La ley dice que va a escuchar la opinión del Consejo Regional, el cual puede proponer el arriendo”, destacó Rivera.
Según Rivera, no sería necesaria una reforma para proteger los territorios indígenas y bastaría con una negociación y no es necesaria una reforma.
Sin embargo la ley establece en su artículo 12 inciso C que “con relación a cualquier propiedad requerida que fuera propiedad comunal, ubicada en las Regiones autónomas de la Costa Atlántica, la comisión mandará a oír al Consejo Regional o municipal correspondiente, quienes tendrán derecho a expresar su opinión referente a la expropiación hasta por siete días luego de recibir notificación de la comisión. Tras el vencimiento de ese término, habiendo o sin haber recibido opinión del Consejo Regional o municipal, y, a modo aclaratorio, sin requerir el consentimiento o aprobación de dicho Consejo Regional o municipalidad, la comisión podrá continuar con el proceso de expropiación como se describe en este artículo 12. No se requerirá ningún otro consentimiento, acción o requisito establecido en otras leyes para completar este proceso de expropiación.
Rivera señala que el artículo cuatro de la ley dice que todo lo hará de acuerdo a los tratados internacionales, y Nicaragua es parte del Tratado 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, ratificado por Nicaragua en 2008.
PROMOVER CONSULTAS
Rivera agregó que va a promover la consulta a las comunidades indígenas una vez que se conozca la ruta para lograr el consentimiento de los mismos y también promoverá el derecho territorial para no ser expropiado. “Así respetamos las leyes y hacemos las cosas bien hechas y no se le quita el dominio y posesión de las comunidades”.
Aburto había propuesto que se llamara a los líderes de las comunidades indígenas, sin embargo Rivera dijo que lo harán cuando se conozca cuáles comunidades serán las afectadas.
Aburto agregó que como diputado independiente está analizando introducir un recurso por inconstitucionalidad contra la ley que otorgó la concesión del Gran Canal, al igual que los diputados de la BDN.
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