Lucía Navas
Roberto López, presidente ejecutivo del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), les dijo a los miles de ancianos que reclaman una pensión reducida por los años que cotizaron, que no hay dinero para dárselas.
Lo que obvió informar López es que durante su administración la planilla del INSS aumentó en un 143 por ciento, evidencian los Anuarios Estadísticos de los últimos siete años disponibles en el sitio web oficial del Instituto.
Solo en la Presidencia Ejecutiva del INSS —donde despacha López— hasta diciembre de 2012 se contaban 98 personas trabajando directamente.
Se trata de un aumento exagerado de personal en esa oficina, ya que en diciembre de 2006 —al final de la administración anterior de Edda Callejas, en el gobierno de Enrique Bolaños—, había diez funcionarios.
En el edificio central del INSS en Managua durante los seis años en que López ha ocupado la presidencia ejecutiva, se incrementó a 1,517 personas laborando la mayoría con cargos administrativos. Para diciembre de 2006 el número de empleados a nivel central era 665.
Aparecen en la planilla total 2,938 empleados, entre el nivel central y las delegaciones del país, una cifra elevada teniendo en cuenta que en 2006 eran 1,206 personas en todo el INSS.
El 76 por ciento del personal que aparece laborando es con la figura de “administrativos”. Ese cargo lo tienen 1,482 personas. Se trata de un fuerte bolsón ya que en esos cargos apenas habían 260 empleados en diciembre de 2006.
NO HAY PARA ANCIANOS, PERO SUBE SALARIOS
López insistió en que no pueden pagar una pensión reducida a quienes tienen menos de 750 cuotas semanales pagadas al Seguro Social, porque eso causaría un déficit de 2,354 millones de córdobas anuales.
Una pensión reducida estaría por el orden de 1,700 córdobas mensuales. Sin embargo, al 77 por ciento de los trabajadores del INSS se le pagan salarios en un rango que va de los 10,000 a más de 20,000 córdobas mensuales.
HERENCIA PESADA
El viernes pasado en un intento por deslindar responsabilidades, López culpó al asesinado dictador Anastasio Somoza Debayle de haberse robado las reservas del INSS y no dejar dinero para responder a las demandas que hoy hace la Unión Nacional del Adulto Mayor (UNAM).
Sin embargo, el gobierno sandinista de la década de los ochenta también causó grandes daños financieros al Seguro Social. Cuando pierden las elecciones en 1990, antes de entregar la Presidencia de la República, los sandinistas aprueban la Ley de Pensiones Vitalicias de la Asamblea Nacional, en donde favorecen a 26 diputados.
Silviano Matamoros, presidente del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social y Bienestar (INSSBI) al inicio del gobierno de Violeta Barrios, calificó entonces como “una fuerte carga” esa pensión vitalicia por significar 119 millones de córdobas por año solo a los 26 legisladores.
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