El escándalo que estalló hace poco en los Estados Unidos, a propósito de la intercepción de conversaciones telefónicas privadas, comunicaciones por internet y mensajes en las redes sociales realizadas por el Organismo de Seguridad Nacional (NSA, por sus siglas en inglés), ha puesto en serios aprietos al gobierno del presidente Barack Obama y reaviva el debate entre los que acusan a la Casa Blanca de violar la privacidad de los ciudadanos, que es un derecho garantizado por la Constitución, y quienes sostienen que el Gobierno debe obligatoriamente velar por la seguridad de todos los ciudadanos. La controversia comenzó con las revelaciones que hizo Edward Snowden, exfuncionario del NSA, ahora refugiado en Hong Kong, y la protesta generalizada de periodistas y particulares que vieron vulnerado su derecho a la privacidad.