Humberto Belli Pereira
Es natural que prefiramos el agua clara a la turbia. Lo mismo que las personas transparentes a las opacas. Jesús las admiraba. A Natanael le propinó un hermoso piropo: “He aquí un verdadero israelita, en el que no hay ninguna doblez”. Esta simple realidad humana tiene una aplicación directa al caso del acuerdo de construcción del proyecto canalero.
Si se hubiera manejado con transparencia, exponiendo sus distintos aspectos e involucrando en su discusión a la ciudadanía, no se hubiesen evitado las inevitables discrepancias. Pero sí podría haber surgido un proyecto nacional, sentido como propio por la mayoría de los nicaragüenses.
El proceso, evidentemente, no hubiese sido fácil. Los inversionistas en este tipo de aventuras multibillonarias exigen, lógicamente, garantías y ventajas que minimicen los riesgos y aseguran la rentabilidad. Concederlas implica concesiones que pueden parecer onerosas o lesivas. Negarlas implica no encontrar países o capitalistas dispuestos a arriesgar su dinero, sobre todo en países tan inestables como el nuestro. Habría pues que lograr un balance pragmático, nada fácil, entre soberanía y beneficios económicos. Al final del día, sin embargo, posiblemente la inmensa mayoría de la nación hubiese respaldado un acuerdo de este tipo, pues lo más probable es que los beneficios de un canal excedan con mucho sus posibles inconvenientes.
Desafortunadamente no fue así y se optó por la vía del secretismo, la ausencia de debate y la aprobación apresurada —características muy propias de esta administración—. Esta forma opaca de proceder, y la falta de voces gubernamentales que expliquen satisfactoriamente los bemoles del acuerdo, es, precisamente, lo que ha generado la mayor parte de las suspicacias y acusaciones. Algunas de ellas pueden ser justificadas, otras quizás no. No todo es blanco o negro. En el proyecto hay involucradas compañías de gran prestigio internacional, como las firmas Kirkland, M&R, y McKenzie. El problema es que sin información suficiente no hay forma de distinguir las críticas fundadas de las antojadizas, con las resultantes sospechas y la pérdida de entusiasmo, al menos en ciertos sectores.
Afortunadamente se puede enderezar el rumbo. Un destello esperanzador fue la reunión de los rectores universitarios con el delegado gubernamental Paul Oquist. Aunque muchas preguntas quedaron sin repuesta, el hecho de que los líderes de la educación superior de todas las tendencias hayan expresado inquietudes —a diferencia de la complacencia acrítica que ha prevalecido en el pasado— y que un vocero oficial haya conversado con ellos —a diferencia del tradicional hermetismo gubernamental— son esperanzadores: es señal de que sectores claves de la ciudadanía demandan, ¡al fin!, claridad y explicaciones, y de que puede haber una voluntad gubernamental de ofrecerlas.
Se comenzó mal. Pero si en lo sucesivo se ponen las cartas sobre la mesa y se discuten con ánimo constructivo todos los temas y rendijas, Nicaragua podría entrar en una experiencia constructora de ciudadanía y democracia. Al gobierno, al pueblo, y a los mismos inversionistas, les conviene caminar con paso seguro por la ruta de la legalidad y la institucionalidad. Ella es la única capaz de forjar un importante consenso y garantizar la viabilidad del proyecto a largo plazo.
El gobierno debe superar su inveterada costumbre de no dialogar, no explicar, y ocultar las cosas. Ojalá que el primer paso con los rectores se multiplique en foros con todos los sectores. Como dice el pueblo, “el que no las debe no las teme”. Si el gobierno está convencido de que el acuerdo canalero es magnífico y que no tiene nada que ocultar, es de esperarse que ponga las cartas sobre la mesa.
El autor es sociólogo, fue ministro de Educación.
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