El régimen orteguista ha respondido con represión a la demanda de los adultos mayores de que se pague la pensión reducida del Seguro Social a la que tienen derecho los antiguos afiliados que cotizaron menos de 750 semanas pero más de 250.
El militar retirado, que preside el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), ha dicho que esta institución quebraría si pagara la pensión reducida, pues según él son casi 55,000 las personas demandantes y se tendrían que desembolsar anualmente 2,354 millones de córdobas, o sea unos 95 millones de dólares y medio.
Sin embargo, la organización de los adultos mayores ha desmentido al falaz funcionario orteguista y ha aclarado que no llegan a 15,000 los demandantes, mientras que uno de los profesionales de mayor experiencia y más conocimiento sobre la seguridad social, el señor Manuel Israel Ruiz, con cifras de la misma institución ha demostrado que el pago de las pensiones reducidas es perfectamente sostenible. El INSS tiene cada año un ingreso de entre 75 y cien millones de dólares; solo del 2011 al 2012 el valor de sus activos creció 5.6 por ciento y la cartera de inversiones se incrementó en casi siete por ciento, asegura el experto mencionado.
Pero, además, el INSS podría mejorar notablemente su situación financiera si recupera las cuantiosas inversiones turbias que se han hecho con fondos del Seguro Social, si el Estado paga a la institución los 600 millones de dólares que le debe por incumplimiento de cotizaciones y si deja de pagar pensiones a varios miles de personas que nunca fueron afiliadas ni cotizantes del INSS.
Con inaudito descaro el orteguismo ha venido ahora a culpar al somocismo por la supuesta insolvencia financiera del Seguro Social cuando en realidad fue el gobierno de Daniel Ortega, saliente en abril de 1990, el que entregó el INSS al gobierno entrante de doña Violeta Barrios de Chamorro, no solo quebrado sino también saqueado por completo. Y en el colmo de la impudicia el orteguismo acusa al gobierno de doña Violeta de haber derogado la disposición legal que establecía la pensión reducida, lo cual es absolutamente falso pues lo que se derogó fue una disposición reglamentaria que se dictó antes del cambio de gobierno en abril de 1990, para que la pensión reducida se pagara también a quienes no habían cotizado las 250 semanas. Ortega impuso aquella ilegal disposición reglamentaria, para boicotear al nuevo Gobierno democrático, como lo hizo con el espeluznante saqueo de los bienes del Estado por medio de la piñata sandinista, las asonadas callejeras y los asesinatos políticos como los asesinatos de Enrique Bermúdez y Arges Sequeira Mangas.
El derecho a la pensión reducida estuvo y está contemplado en la Ley del Seguro Social y si el régimen orteguista no satisface la demanda de los adultos mayores, es porque no quiere, porque prefiere lanzar a las turbas contra los ancianos reclamantes y los jóvenes que los apoyan, así como obligar a los empleados públicos a ir a la calle para que le muestren apoyo, o más bien que finjan apoyarlo.
Por eso dijimos el viernes pasado y reiteramos ahora, que este régimen es torpe e inhumano.
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