Silvio Avilez Gallo
El escándalo que estalló hace poco en los Estados Unidos, a propósito de la intercepción de conversaciones telefónicas privadas, comunicaciones por internet y mensajes en las redes sociales realizadas por el Organismo de Seguridad Nacional (NSA, por sus siglas en inglés), ha puesto en serios aprietos al gobierno del presidente Barack Obama y reaviva el debate entre los que acusan a la Casa Blanca de violar la privacidad de los ciudadanos, que es un derecho garantizado por la Constitución, y quienes sostienen que el Gobierno debe obligatoriamente velar por la seguridad de todos los ciudadanos. La controversia comenzó con las revelaciones que hizo Edward Snowden, exfuncionario del NSA, ahora refugiado en Hong Kong, y la protesta generalizada de periodistas y particulares que vieron vulnerado su derecho a la privacidad. El reclamo periodístico no es de ahora, porque el gremio de la prensa ha luchado denodadamente contra la pretensión de los gobiernos de turno de obligar a los profesionales de la pluma a revelar sus fuentes de información, algo que los medios han rechazado vigorosamente como violatorio de su libertad de informar.
El asunto ha generado una fuerte controversia entre los demócratas, que acusan a los republicanos de haber instaurado esa práctica durante el gobierno de Bush, y entre quienes condenan ahora al gobierno de Obama por ejercer un espionaje masivo. El debate ha vuelto a poner sobre el tapete el eterno problema de los límites entre el derecho a la privacidad y la obligación de las autoridades de garantizar la seguridad de la población, sobre todo a partir del ataque a las torres gemelas en Nueva York, perpetrado el 11 de septiembre de 2001, y de los numerosos actos de terrorismo realizados por fanáticos extremistas que han tenido lugar desde entonces con saldo de numerosas víctimas.
En consecuencia, las opiniones están divididas entre quienes consideran a Snowden un patriota, un héroe, por haber revelado lo que a su juicio es un abuso incalificable del derecho a la privacidad, y aquellos que, por el contrario, lo consideran como un traidor por haber puesto en riesgo la seguridad nacional. En los Estados Unidos suelen darse otras incongruencias, como sucedió recientemente respecto de la aprobación, por el Congreso, de la ley sobre control de armas, propiciada por el gobierno de Obama, en la que salió a relucir la oposición irreductible entre quienes apoyaban la iniciativa (finalmente derrotada) de exigir a los vendedores de armas de fuego que comprobaran la idoneidad psicológica y la hoja de antecedentes policiales de los presuntos compradores, y quienes consideraban que esta medida violentaba una enmienda constitucional que garantiza a los ciudadanos su derecho a poseer y utilizar armas para su defensa personal, no obstante las tragedias que periódicamente enlutan a la sociedad estadounidense cuando jóvenes escolares, delincuentes y desquiciados han ocasionado masacres en escuelas y lugares públicos.
Como en otros temas, no siempre el apego ciego o estricto a la letra —y no al espíritu— de la ley es sinónimo de garantía del bien común. Es preciso tener en cuenta asimismo circunstancias, interpretaciones o razonamientos que permiten una aplicación lógica de las disposiciones legales.
Si bien el espionaje generalizado constituye una práctica normal y corriente de los regímenes autoritarios o antidemocráticos en las llamadas democracias populares, recordemos al temible KGB (Comité de Seguridad del Estado) de la extinta Unión Soviética, del que el actual presidente ruso, Vladimir Putin, fue su jefe, o la no menos siniestra Stasi (Staatssicherheit) en la época de la Alemania comunista, para no mencionar a su similar en Cuba (el crudelísimo G-2) o la nefasta Dirección General de Seguridad del Estado (DGSE) del primer gobierno sandinista en Nicaragua, es muy difícil aceptar que estas prácticas se realicen en países que se rigen por un sistema democrático de gobierno donde impera el Estado de derecho, como es el caso de los Estados Unidos de América. Pero no es menos cierto que un apego irrestricto a las disposiciones constitucionales en materia de garantías individuales, cuando el mundo enfrenta constantemente la amenaza terrorista de quienes pretenden precisamente eliminar, por motivaciones o fanatismos de cualquier índole, la estructura y los fundamentos de los regímenes genuinamente democráticos, conduciría a la destrucción insensata del régimen democrático que los gobiernos no pueden de ningún modo permitir o tolerar. El quid del asunto radica en encontrar el justo punto de equilibrio entre la salvaguardia de la libertad y privacidad de los ciudadanos, por una parte, y la obligación de velar y garantizar absolutamente la necesaria seguridad nacional.
El problema no es menor y exige que representantes de partidos políticos y delegados de los distintos poderes del Estado, así como especialistas en derecho constitucional, organicen un foro y se sienten a dialogar, con espíritu genuinamente patriótico, a fin de encontrar la solución a este acuciante dilema, del cual no estaría excluida, naturalmente, la participación de la ciudadanía a través de consultas vinculantes. Como reza un refrán muy popular en los Estados Unidos, “where there is a will, there is a way”, que podría traducirse así: cuando hay voluntad, siempre se encuentra una salida.
El autor es diplomático, fue embajador de Nicaragua en chile.