William Aragón Rodríguez
La juez Rosa Edelmira Ruiz López, admitió ayer la acusación interpuesta por el fiscal Marcio Briceño, en contra de seis personas procesadas por supuestamente haber llevado a la quiebra a la microfinanciera de Ahorro y Crédito Económica R.L de Somoto, en la que unos 1,500 socios perdieron unos nueve millones de córdobas.
Ruiz escogió el poblado de Palacagüina, en Madriz, para realizar el juicio que enfrentará Celsa Dolores Betanco Padilla, expresidenta del Consejo de Administración; su hija Cristian Arauz Betanco, exadministradora; y Francisco Humberto Morales, esposo de Cristian. Se programó para el 13 de agosto.
Para el 17 de agosto, en Totogalpa, Madriz, Francisco Humberto Morales, Santos Claudio Chavarría y Milagros Marín, exdirectivos de la cooperativa, enfrentarán el juicio.
Francisco Martínez, también acusado, fue sobreseído del proceso judicial a petición del Ministerio Público, al considerar que no se tenían pruebas suficientes para procesarlo.
Los seis exdirectivos de la quebrada cooperativa son acusados por hurto y uso fraudulento y apropiación indebida de más de nueve millones de córdobas, que dejó en la indefensión a 1,500 socios ahorrantes.
La decisión de la juez de realizar juicios separados, a pesar de ser un mismo caso y de efectuar los procesos en los municipios de Palacagüina y Totogalpa, y no en la ciudad de Somoto, donde ocurrió el delito, tiene confundidos a muchos abogados que consideran improcedente el acto por carecer de jurisdicción.
La juez Rosa Edelmira Ruiz López no permitió la presencia ayer de los periodistas en la audiencia inicial, por lo que fue imposible conocer los motivos que la llevaron a decidir la separación del juicio, además del hecho de realizarlos en los municipios de Palacagüina y Totogalpa.
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