Quito/EFE
Ecuador cuenta desde ayer con una nueva Ley de Comunicación que castiga el “linchamiento mediático”, es decir los ataques reiterados en los medios para menoscabar la imagen de personas o instituciones.
La norma entró en vigor un día después de que el Gobierno anunciara que estudia una petición de asilo para Edward Snowden, acusado por Estados Unidos de filtrar informes secretos.
El diario El Universo crítico al Gobierno, citó ayer un editorial del estadounidense The Washington Post, en el que presume que “si Snowden hubiera hecho su filtración en Ecuador, no solamente él, sino cualquier periodista que recibiera su información podría ser sujeto a inmediata sanción financiera, seguida por un procesamiento”.
La normativa, aprobada por la Asamblea Nacional el 14 de junio, es considerada por el oficialismo como un freno a los supuestos abusos de la prensa, mientras sectores periodísticos y organizaciones de defensa de la libertad de expresión la tachan de ser una norma “mordaza”.
El director ejecutivo de la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos (Aedep), Diego Cornejo, expresó que esta ley “busca castigar la opinión crítica a la gestión de las autoridades y funcionarios públicos” y consideró que la figura del “linchamiento mediático” está “descrita en términos muy vagos y generales” e “implícitamente propende a la censura previa de la información”.
En esta ley también está la Superintendencia de Información y Comunicación que se encargará de la “vigilancia, auditoría, intervención y control”, de los medios de comunicación. También instituye el Consejo de Regulación de Medios que tendrá atribuciones en materia de acceso a la información, contenidos y franjas horarias, reglamentos e informes para la adjudicación de frecuencias, entre otras competencias.
El presidente de la Comisión de la Libertad de Prensa y la Información de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), Claudio Polillo, expresó que “la Ley no solo valida la mordaza sino que establece la censura previa y crea las instancias que identificarán y sancionarán las violaciones, dando al oficialismo el poder absoluto para eliminar la libertad de expresión y de prensa”.
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