Lucydalia Baca Castellón
A través de la Iniciativa de Ley General de Cámaras Empresariales de Nicaragua, enviada por el presidente inconstitucional Daniel Ortega a la Asamblea Nacional, el Gobierno podría restringir a dos años el periodo de los presidentes de las organizaciones empresariales, poniendo fin a las reelecciones continuas. Además, limitaría las funciones de las organizaciones gremiales bajo la amenaza de perder la personería jurídica, de exceder lo establecido.
Esto ocurre mientras el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) se prepara para recurrir de amparo parcial contra la ley que otorgó la concesión para la construcción del Canal Interoceánico y está a la espera de la publicación de la Ley de Inspección no Intrusiva (de escáner) para decidir si hará lo mismo con ella.
El presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), José Adán Aguerri, atribuye la desavenencia con el Gobierno en la aprobación de estas dos últimas leyes, a que las trabajó un equipo distinto al que venía trabajando con ellos los proyectos anteriores.
AGUERRI ESPERANZADO EN QUE SIGA “ESPÍRITU DE NEGOCIACIÓN”
Aguerri espera que durante la aprobación de este anteproyecto se retome el camino del consenso que garantizó la aprobación de 71 leyes económicas durante los últimos años. Dice desconocer muchos detalles del proyecto por lo que un equipo jurídico trabaja para preparar la posición oficial que la organización llevará a las consultas.
Al consultarle si estas diferencias están haciendo tambalear la alianza que han mantenido con el Gobierno, se limitó a decir “esperamos que no, que volvamos al mecanismo de la negociación”, indicó.
Según Aguerri, “se puede trabajar en una mejor legislatura para que no se den este tipo de planteamientos con relación a que una ley venga a disponer cuánto tiempo tiene que estar alguien dentro del cuerpo de gobierno de una cámara”, indicó el presidente del Cosep, José Adán Aguerri.
Para Aguerri, el proyecto en lugar de propiciar la modernización del funcionamiento de las cámaras contiene figuras del siglo pasado, entre ellas la del oficial mayor. Las causas para suspender la personería jurídica, aunque no las ha estudiado a profundidad, le parecen similares a las contempladas en la actual legislatura.
VARGAS TEME POR AUTONOMÍA
Sin embargo, para Diego Vargas Montealegre, presidente de la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua (Amcham) una de las grandes preocupaciones es que el anteproyecto orienta hacia objetivos “muy específicos” las funciones de las cámaras, limitando con ello la multifuncionalidad de las organizaciones. “Esto puede ser muy delicado, y nosotros tenemos derecho a seguir teniendo esa autonomía”, enfatiza.
Otro aspecto que está causando ruido entre las distintas organizaciones empresariales es que el anteproyecto define a las cámaras como organizaciones con fines de lucro.
“Nunca hemos tenido fines lucrativos lo único que nos ha movido es el interés de promover el desarrollo de nuestros asociados. En principio no estamos de acuerdo, porque hay varios artículos que rechazamos”, manifiesta Manuel Álvarez, presidente de la Unión de Productores Agropecuarios de Nicaragua (Upanic).
El expresidente de la Cámara Nicaragüense del Sector Lácteo (Canislac) Willmer Fernández añade que el fortalecimiento de las capacidades del sector que representan es otro de los objetivos de las organizaciones.
El anteproyecto de ley que se encuentra en la primer Secretaría del parlamento desde finales de mayo en espera del trámite de aprobación, transfiere la facultad de vigilar, controlar, aprobar los estatutos y otorgar la personería jurídica de las cámaras empresariales al Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (Mific).
Esto es calificado como positivo por los empresarios, porque supuestamente, agilizaría el trámite de obtención de personería jurídica e inscripción de nuevas cámaras y la homologación de las existentes, a las que la ley daría seis meses para adecuarse, una vez que se apruebe.
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