“La señora Rosario Murillo me llamó durante el operativo (…) para intimidarme”, expresó ayer Zoilamérica Ortega Murillo en referencia a su propia madre. “Mi hijo estaba escuchando esa llamada”, agregó ayer en el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh).
La hija de la primera dama Rosario Murillo e hijastra del presidente inconstitucional Daniel Ortega recurrió al Cenidh para denunciar la persecución de la que son víctimas ella y su familia.
“Obviamente yo no necesito decir quién está detrás de todo esto”, dijo Zoilamérica, quien llegó acompañada de sus dos hijos Alejandro y Carolina Bendaña.
Ayer denunció y detalló la persecución que vienen sufriendo desde hace años, la cual se recrudeció el martes con la deportación arbitraria del boliviano Carlos Alberto Ariñez Castel, su pareja y asesor de comunicación del Centro de Estudios Internacionales (CEI), que ella dirige.
“A mí no me pueden callar. Tengo convicción y sobre todo sé que Nicaragua necesita perder el miedo. La pregunta sería: ¿Cuál es el miedo que podemos representar nosotros?”, retó Zoilamérica.
Su hijo Alejandro reveló detalles de lo que Rosario Murillo, su abuela, le habría dicho a su hija por teléfono: “La palabra clave aquí fue consecuencia. Esa es la palabra clave en lo que dijo. ‘Estas son consecuencias del camino que vos decidiste tomar’, y yo lo escuché y uno se sorprende de la insensatez y de la insensibilidad que puede ocasionar”, acusó.
Al ser consultado por la relación que sostienen con su abuela, Bendaña indicó: “Me preguntás de relación y yo te pregunto: ¿Cuál?”.
Zoilamérica alegó que la acción de represalia no es un problema familiar, “como muchos intentan hacer creer”. Aseguró que en su contra se está utilizando “un poder político y un poder del Estado”.
“El que pretende decir que es un problema familiar quiere ocultar el poder que tras este acto revela falta de humanidad y falta de escrúpulos”, denunció.
Ella denunció que ese poder político ha sido manipulado para destruir el CEI, la organización en la que ha trabajado por 18 años y a la cual le han cerrado todos los programas, así como intimidado a organizaciones que antes trabajaban con ellos.
Zoilamérica relató que la noche del martes, cuando pedía información sobre el paradero de su pareja, funcionarios de la Dirección General de Migración y Extranjería, por órdenes de personal civil, golpearon a una de sus trabajadoras, a su hijo Alex y a ella le quebraron sus lentes y la tiraron al suelo.
Desde Costa Rica, donde fue deportado, Carlos Ariñez Castel, contó que funcionarios de Migración lo escoltaron en una camioneta con vidrios polarizados. Relató que dos oficiales permanecieron a su lado todo el tiempo. Primero fue llevado rumbo al aeropuerto, luego con dirección a Masaya y por último conducido a Peñas Blancas, Rivas, donde intentaron hacerlo firmar un documento.
“Me dijeron que yo estaba legal en Nicaragua hasta el 1 de junio, lo cual no es cierto, y que me deportaban por 24 meses”, refirió Ariñez Castel.
También expresó que vio a personas vestidas de civiles darle órdenes a los oficiales de Migración. Sin extenderle un recibo de ocupación, le arrebataron sus pertenencias, entre ellas un teléfono celular y un iPad con información personal, fotos de la protesta de los adultos mayores y contactos de correos electrónicos.
Castel dijo que apelará la decisión del Gobierno, que considera es “una revancha personal por la denuncia de 1998”, cuando Zoilamérica Ortega acusó al actual presidente inconstitucional de Nicaragua, Daniel Ortega, por violación sexual cuando ella era niña.
