San José/ACAN-EFE
La presidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, reiteró hoy la necesidad de contar con una refinería conjunta con China, valorada en al menos 1,300 millones de dólares y la cual es el centro de una polémica que ya han entrado a investigar las autoridades judiciales.
«Que no haya ninguna duda de que el Gobierno no ha claudicado en la construcción de una refinería», expresó la presidenta costarricense, Laura Chinchilla, en la conferencia de prensa posterior a la reunión semanal con sus ministros.
La refinería es un proyecto conjunto entre la estatal Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) y la Corporación Nacional Petrolera de China Internacional (CNPCI), con el cual se pretende modernizar la refinería de Moín, provincia de Limón (Caribe).
Sin embargo, el 20 de junio pasado la Contraloría General de la República detuvo el avance del proyecto al declarar inválido el estudio de viabilidad, debido a que la empresa que lo elaboró, la china HQCEC, tiene relación con la CNPCI.
Chinchilla dijo hoy que nunca ha dudado sobre la conveniencia de la refinería y que «son muchas las razones que deben hacer que Costa Rica no claudique en la importancia de construirla».
La mandataria señaló que Costa Rica importa anualmente más de 2,000 millones de dólares en combustibles y que con la refinería el país podría comprar a otros países, a precios más cómodos, la materia prima para procesar.
Además, dijo que con la modernización de la refinería de Moín, Costa Rica tendrá una mayor capacidad de reserva de combustibles, que se calcula en el consumo de dos meses.
El proyecto es uno de los más importantes entre China y Costa Rica desde el inicio de sus relaciones diplomáticas, en 2007, y pretende ampliar la capacidad de refinamiento de los 25,000 barriles diarios actuales a 60.000 en la refinería de Moín.
Costa Rica se garantizó una línea de crédito por el 70% del costo del proyecto (unos 900 millones de dólares) del China Development Bank (CDB), y el restante 30% estará a cargo, en partes iguales, de RECOPE y la CNPCI, entes que crearon la empresa Soresco para desarrollar la obra.
Las declaraciones de Chinchilla se dieron horas después de que el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Fiscalía Anticorrupción ingresaron en las oficinas de Recope, la Secretaría Técnica Ambiental (Setena) y la empresa Soresco, encargada de desarrollar el proyecto.
Las autoridades decomisaron documentos relacionados con el proyecto de la refinería con el fin de investigar si existen irregularidades en su tramitación.
Sobre este asunto la mandataria dijo que las instituciones deben cumplir con su deber de colaborar con la investigación.
Sectores ambientalistas, académicos y de la oposición política afirman que la refinería contaminará el ambiente y que no existe garantía de que los usuarios obtengan una baja en los precios de los combustibles.
