Fabiola Galo
El 3 de junio del 2012 la Asamblea Nacional aprueba Ley 800 del Régimen Jurídico del Gran Canal Interoceánico de Nicaragua; el 5 de junio de este año la Presidencia introduce la iniciativa de ley que otorga la concesión del Canal a la empresa HKC. Se envía iniciativa el 7 de junio a la Comisión de Infraestructura de la Asamblea Nacional. Con 14 horas de consultas, el 10 de junio se dictamina el proyecto de ley. El 13 de junio del 2013 tras solo tres horas de debate con 61 votos a favor y 25 en contra fue aprobada la Ley Especial para el Desarrollo de Infraestructura y Transporte Nicaragüense. El 14 de junio se firma acuerdo entre el Gobierno de Nicaragua y la compañía china HK Nicaragua Canal Development Investment Co. Limited, presidida por Wang Jing, (individuo del que se conoce poco en el mundo empresarial); el costo anunciado de la construcción es de cuarenta mil millones de dólares. Esta es la breve historia legislativa del megaproyecto más ambicioso en los últimos cien años no solo de Nicaragua sino de Latinoamérica.
Se debe tomar en cuenta y definitivamente no se puede obviar el impacto ambiental que causaría la construcción de este Canal. El Gobierno tiene la responsabilidad de proteger los recursos naturales de nuestra nación y no pueden dejar de hacer un estudio y análisis ambiental que determine la viabilidad en este sentido. En realidad esto se debió hacer antes de la firma del acuerdo, y establecer los paramentos y lineamentos que den protección al territorio que se verá afectado, pero aún se pueden hacer cláusulas especiales al tan sonado acuerdo en donde se den las debidas y específicas pautas que garanticen el respeto y preservación del medioambiente, que será transgredido de su forma natural.
También tenemos que tomar en cuenta que el Canal Interoceánico que tendrá vías húmedas y secas, aeropuertos, zonas francas y puertos de aguas profundas en las costas del océano Pacífico y el mar Caribe, representará nuevas vías de transporte, y esto, mayor tráfico de mercadería y personas. Lo que puede ser positivo y negativo para nuestro país, pues así como vendrán inversionistas o turistas también se atraerá a personas no deseadas, es decir criminales buscando nuevas rutas para hacer tráficos ilegales. Será un gran logro una verdadera transformación económica para nuestro país, generará los empleos que nuestros compatriotas van a buscar a países vecinos por carecer de ellos en el propio. La tecnología hidráulica ha avanzado, lo que coadyuvará a la construcción del Canal nicaragüense que se estima será 250 kilómetros más largo que el de Panamá sin mencionar el ancho que permitirá que naveguen los grandes buques de contenedores.
Se debe garantizar los derechos de propiedad y en su caso el pago correcto de las propiedades de los campesinos e indígenas afectados por donde va a pasar este Canal, el problema en sí no es la construcción del Canal, pues este es un sueño nicaragüense de hace más de cien años y que fue oscurecido en el pasado por el tratado Bryan-Chamorro, suscrito el 5 de agosto de 1914. El detalle está en que deben hacerse estudios técnicos, legales, de estrategia geopolítica, de diseño, ingeniería, ambientales y con un verdadero consenso político donde el proceso sea transparente, público y primen los intereses de Nicaragua. La autora es jurista nicaragüense.
