Lucydalia Baca Castellón
La figura del oficial mayor y el término “ánimo de lucro” contenidos en el anteproyecto de Ley de Cámaras, enviado por el Ejecutivo a la Asamblea Nacional, quedarán fuera de la iniciativa. Así lo acordaron ayer durante un encuentro el presidente de la Comisión de Economía, Producción y Presupuesto del parlamento, Wálmaro Gutiérrez, y el del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), José Adán Aguerri.
Ambos aspectos eran rechazados por diversos sectores de la empresa privada, lo mismo que las causales de suspensión de la personería jurídica. Estos y cada uno de los 31 artículos que contiene la iniciativa serán revisados exhaustivamente por comisiones técnicas integradas por asesores parlamentarios y de la empresa privada.
Estas prepararán una propuesta de dictamen para que al regreso de las vacaciones de medio año de los diputados, el 6
de agosto, puedan discutirla y aprobarla en la comisión, luego será enviada al plenario para su ratificación.
Las organizaciones empresariales existentes tendrán un plazo de seis meses para adecuarse a la nueva legislatura.
[/doap_box]
Al concluir la reunión, Gutiérrez dijo que después de una revisión general, “consideramos que la iniciativa de Ley como tal es una propuesta sujeta a mejorarse y perfeccionarse. Sin embargo, en vez de mirar en ella una amenaza, hemos observado una oportunidad de incorporar las mejores prácticas en cuestiones gremiales y cámaras empresariales en general, que se practican a nivel internacional”.
LEY TENDRÍA UNA NUEVA CARA
Por su parte, Aguerri señaló que, dado el esfuerzo de consenso que realizarán, la ley permitirá dar una nueva cara y un proceso moderno que responda a las necesidades de las cámaras que aglutina Cosep y a las binacionales, especialmente de cara a la entrada en vigencia en agosto del Acuerdo de Asociación (AdA) entre Centroamérica y la Unión Europea (UE). Para eso revisarán las leyes similares que rigen a las organizaciones empresariales en la región, para retomar de estas lo más necesario.
El diputado oficialista aseguró que se retomará el mecanismo “que siempre hemos trabajado, en el cual el sector privado presenta sus técnicos y el parlamento conforma también su equipo técnico para emitir una propuesta de dictamen que traiga esos elementos de modernidad y estabilidad” que permitan que la ley se convierta en una catapulta de la economía nacional y del sector empresarial.
Aunque se hablaba de un oficial mayor, Gutiérrez insistió en que quedó claramente establecido que la iniciativa no definirá tiempo para los cargos y el ejercicio de los mismos en las juntas directivas, porque eso es algo que les corresponde decidir únicamente a las organizaciones. También se estableció que las cámaras y las confederaciones no tienen fines lucrativos, aunque estén integradas por empresarios.
También será incorporada al proyecto de ley la sugerencia del Cosep de establecer plazos fatales para que, una vez recibidos los requisitos, la nueva institución encargada de regir a las organizaciones empresariales, que será el Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (Mific), entregue las personerías jurídicas a las organizaciones solicitantes.
La nueva ley, según Aguerri, regirá a cientos de cámaras, asociaciones y organizaciones empresariales que existen en Managua y el resto de departamentos del país.
Ver en la versión impresa las páginas: 12 A
