Managua/ACAN-EFE
La Unidad Nacional del Adulto Mayor (UNAM) informó hoy de que el diálogo con el gobierno no termina con la aprobación de la pensión reducida de vejez, ya que todavía no hay respuesta sobre la asistencia médica.
El presidente Daniel Ortega emitió el viernes pasado un decreto en el que aprobó la pensión reducida de vejez, que obliga al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) a pagar retribuciones a ex trabajadores de más de 60 años que no alcanzaron las 750 cotizaciones que exige la ley para jubilarse.
El decreto llegó después de que el gobierno fuera criticado por reprimir a personas que apoyaron una protesta de los ancianos miembros de la UNAM en contra del INSS.
«Se ha dado un paso a la restitución de derechos para los adultos mayores, pero en estos próximos días vamos a discutir una mayor cobertura sobre seguros sociales, porque siempre vamos a tener la necesidad de asistencia médica», dijo el presidente de la UNAM, Porfirio García, a periodistas, después de salir de una reunión a puertas cerradas con representantes del gobierno.
A fines de junio el gobierno se había comprometido con la UNAM a facilitar muletas, andaribeles, anteojos, entre otros, a los ancianos que lo necesitaran.
Hasta el momento no está claro si el número de beneficiados es de 40,000, que es la cifra que maneja el gobierno, o de 25,000, que son los que reporta la UNAM.
La UNAM y otras organizaciones minoritarias de ex trabajadores reclamaban la pensión reducida desde 2005. Las protestas se hicieron más fuertes en los últimos tres años.
