EFE / LIMA, Perú
Un proyecto de ley que pretende inhabilitar de por vida para los cargos de administración pública a los sentenciados por delitos de corrupción agravada fue presentado ayer en Lima por el partido Gana Perú, que actualmente está en el Gobierno de ese país.
La iniciativa de inhabilitación perpetua, conocida como “muerte civil”, busca declarar incapaces a quienes no hayan cumplido con la reparación civil y la indemnización después de haber recibido una sentencia por corrupción.
El legislador Juan Pari atendió el pedido del presidente Ollanta Humala, quien pidió la “muerte civil” de los sentenciados por corrupción y que no prescriba ese delito, durante su discurso por las fiestas de independencia, el fin de semana pasado.
En el proyecto se establece que los sentenciados no puedan efectuar ninguna acción civil como firmar documentos, contratos y préstamos, entre otros, hasta abonar la totalidad de sus deudas.
La iniciativa se encuentra en la Comisión de Justicia del Congreso donde será debatida y, de aprobarse, será llevada al pleno, en donde en 2011 ya se rechazó un proyecto similar.
Según Pari, citado por la agencia oficial Andina, de los más de 1,300 millones de soles (unos 465.9 millones de dólares) que se debe al Estado por casos de corrupción, solo se ha pagado el diez por ciento, al no existir una sanción o consecuencia.
Pari señaló que si este proyecto hubiera estado en vigor hace años, el expresidente Alberto Fujimori, condenado a 25 años de prisión por violaciones de los derechos humanos y corrupción, no hubiera podido solicitar en octubre pasado el indulto humanitario, pues no ha cumplido con la reparación civil que tiene pendiente. El indulto, en cualquier caso, le fue denegado.
Según el procurador anticorrupción Julio Arbizú, Fujimori debe al Estado peruano 27 millones de soles (unos 10 millones de dólares) por concepto de reparación civil.
Otros dos expresidentes peruanos, Alejandro Toledo (2001-2006) y Alan García (2006-2011), vienen siendo investigados por delitos de corrupción; el primero por las compras inmobiliarias millonarias de su suegra en Perú, y el segundo por la adquisición de una costosa vivienda en el distrito limeño de Miraflores.
Ollanta Humala, presidente de Perú al referirse a la necesidad de la ley de inhabilitación perpetua.
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