Judith Flores
Corresponsal/Miami
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La Cámara de Representantes inicia hoy su receso sin llegar a un acuerdo para la aprobación de una Reforma Migratoria, millones de inmigrantes sin estatus legal están a la espera de un alivio migratorio, pero el tema será retomado hasta el regreso de los congresistas, el próximo 9 de septiembre.
Ese tema le preocupa a Christell Cayasso, una joven nicaragüense que obtuvo un estatus de protección provisional a través del programa de Acción Diferida, conocido como “dreamers”, promovido por el presidente Barack Obama, para beneficiar a miles de estudiantes que fueron traídos por sus padres a Estados Unidos, sin documentos legales.
La preocupación de la joven nicaragüense es la situación legal de sus padres, el principal sostén económico de la familia. La familia Cayasso, llegó a Estados Unidos, procedente de Nicaragua, hace trece años, cuando Christell tenía cinco.
A través del programa de Acción Diferida, ella logró obtener una licencia para conducir, un permiso de trabajo y la oportunidad de estudiar la carrera universitaria que tanto desea y que inicia este agosto, quiere ser médico terapeuta para deportistas. Pero dice que su felicidad no es completa, tiene conciencia que las deportaciones no han sido suspendidas por el gobierno, y que a diario más de mil inmigrantes son detenidos y deportados a sus países de origen.
La joven se ha convertido en una activista proinmigrante, junto a otros jóvenes que enfrentan la misma situación, están conscientes que deben luchar para alcanzar un estatus definitivo.
“Estoy luchando para que mis padres se queden conmigo en Estados Unidos, y puedan obtener un estatus legal”.
Pero esa lucha no está fácil. La mayoría republicana en el Congreso decidió no someter a votación la versión aprobada recientemente por el Senado, y se ha mostrado a favor de legalizar sin mayor obstáculo a los dreamers. Por otro lado, la Reforma Migratoria se discute de forma fragmentada en el Congreso, algo que para Carlos Pereira, director ejecutivo del Centro de Orientación al Inmigrante (CODI), tiene desventajas para un sector de inmigrantes.
“Hay disposición de legalizar a los dreamers (Acción Diferida), los trabajadores agrícolas, las personas pendientes de una visa, pero qué pasa con el resto, las personas que no tienen vínculos con este tipo de categorías, eventualmente habrá que trabajar con otro tipo de categoría, eso aún no está definido”.
Esa es la parte que le preocupa a Christell, sus padres no se encuentran en ninguna de las categorías mencionadas, y hasta ahora el avance de la Ley en el Congreso, es lento.
Pereira cree que hay muchas trabas políticas en el Congreso a superar. Su opinión es que el mensaje a los congresistas que se oponen debe ser de diálogo y persuación para llegar al convencimiento.
“Entendemos que algunos legisladores dicen que no les afecta el voto latino porque el 99 por ciento de los votantes de sus distritos no son hispanos, pero es importante darles a conocer, convencerles que una Reforma Migratoria es conveniente para el país porque todavía tenemos una situación crítica económicamente, entonces la incorporación de estos once millones, es fundamental para el crecimiento del país”.
Para el activista, la mejor vía es la persuasión. “No soy de la postura a salir a la calle a pelear, a cometer actos de desobediencia, eso no habla muy bien de nosotros».
A criterio de Pereira, la lucha debe ser en el Congreso, manifestándose en Washington, para convencer a través del diálogo a los congresistas que no apoyan la Reforma Migratoria.
Falta un largo camino
Pereira se muestra esperanzado que para finales de septiembre el Congreso podría aprobar la Reforma Migratoria, pero la ley no entraría en vigencia de manera inmediata.
Una vez que el Congreso apruebe el proyecto de Ley, pasará a manos del comité de conciliación, integrado por representantes de las dos Cámaras legislativas, el fin es unificar la versión final de las dos propuestas, posteriormente esa versión regresará al pleno de ambas cámaras -Senado y Congreso- para aprobarlo, una vez concluido ese proceso pasará a manos del presidente Obama, para su firma.
De cumplirse ese pronóstico, la Ley entraría en vigencia hasta un año después, es decir a finales del 2014.
