Managua/ACAN-EFE
La ley Fatca de Estados Unidos podría beneficiar al gobierno de Nicaragua ante los reclamos de propiedad de ciudadanos con doble nacionalidad, afirmó hoy el procurador general, Hernán Estrada.
“El próximo año espero que tenga menos complejidad (el proceso solución de reclamos de propiedad) porque va a entrar en vigencia la ley Fatca”, dijo Estrada al Canal 4 de televisión local.
La ley Fatca (de Cumplimiento Fiscal de Cuentas Extranjeras), obliga a todas las empresas financieras del mundo a reportar sus flujos provenientes de fuentes estadounidenses, y se empezaría a aplicar a partir de 2014.
“Si un ciudadano estadounidense quiere ir a reclamar (una propiedad a Nicaragua), tendrá que demostrar que está al día con el pago de sus impuestos (en Estados Unidos y Nicaragua)”, afirmó el funcionario. Esto significa que los nicarag enses con ciudadanía estadounidenses que no fueron confiscados de forma directa, no podrán reclamar propiedades.
“Aquí han sido una cosa festiva (los reclamos de propiedad), algunos reclamantes endosaban sus reclamos a un pariente que había venido de Estados Unidos y reclamaba como estadounidense, un recién nacido ya reclamaba como estadounidense”, explicó el procurador.
En lo que va del año, Nicaragua ha resuelto 66 casos de estadounidenses que reclamaban propiedades confiscadas. Quedan pendientes 235.
La embajada de Estados Unidos en Managua informó la semana pasada que el gobierno norteamericano había otorgado el waiver o despensa de la propiedad a Nicaragua, tras haber resuelto aproximadamente 2.000 casos en más de 20 años.
El gobierno nicaragüense celebró la notificación porque sin la despensa de la propiedad Estados Unidos no podría votar favorablemente a préstamos de los organismos financieros internacionales para Nicaragua, reconoció Estrada.
La despensa de la propiedad está sujeto a la resolución exitosa de reclamos de ciudadanos estadounidenses por bienes inmuebles que están bajo el control de instituciones del gobierno de Nicaragua, la mayoría de los cuales fueron confiscados en los años 80, con el primer mandato del presidente inconstitucional Daniel Ortega.
