Carla Torres y Lucydalia Baca
Después que el Gobierno aceptó que el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), enfrenta una situación delicada en sus finanzas, economistas, empresarios y políticos analizan diferentes opciones para enderezar la situación y evitar que el instituto entre en un déficit profundo a corto y mediano plazo.
Las propuestas apuntan a una revisión integral del sistema de Seguridad Social y que se intente no subir el porcentaje de las cuotas de cotización que paga el trabajador y las empresas al INSS cada mes.
El experto en Seguridad Social, Manuel Israel Ruiz, recomienda un cambio integral a través de una nueva Ley de Seguridad Social con el principio de dar sanidad duradera al sistema.
NO PONER “UN PARCHE”
Para Ruiz que el Gobierno llame a negociar a empresarios y sindicatos para decidir una reforma solo pensando en resolver el déficit futuro del pago de la pensión de vejez, “es poner un parche” nuevamente al problema.
Precisa que se necesita urgentemente ampliar la cobertura del Seguro Social para que sus finanzas se eleven. Ruiz señala la deficiencia en esto, en que después de 55 años de existir el INSS, apenas los cotizantes activos son el veinte por ciento con respecto a la Población Económicamente Activa (PEA) del país.
“Costa Rica tiene el setenta por ciento (de trabajadores afiliados de su PEA)”, afirma. El experto dice que para ampliar a dos millones de personas que hoy no cotizan al INSS, se debe diseñar un modelo conforme a la calidad del trabajo y a los ingresos que existan en Nicaragua.
La Bancada Democrática Nicaragüense (BDN), tiene lista su propuesta de reforma, la cual coincide en ampliar la base de contribuyentes incorporando de manera gradual los trabajadores del sector informal. Se recomienda que los porcentajes de las cotizaciones sean bajos para aumentar la formalidad laboral.
DESIGNAR A FUNCIONARIOS CAPACES
Poner orden a lo interno del INSS, para Ruiz, es fundamental para que la reforma funcione. Eso parte, dice, porque el nombramiento del presidente ejecutivo y del consejo directivo del Instituto lo haga la Asamblea Nacional a propuesta de los trabajadores, empleadores y del Gobierno, para que se seleccione a quienes estén calificados.
Actualmente el presidente del INSS, es Roberto López, un coronel en retiro del Ejército nombrado por la Presidencia de la República. El consejo directivo lo integran además representantes del Cosep, del Frente Nacional de los Trabajadores (FNT) y los ministros de Salud y del Trabajo.
Para Ruiz es fundamental que la institución maneje las inversiones de manera autónoma, “es decir, de acuerdo con criterios técnicos y transparentes como en Guatemala y Costa Rica, donde se le informa a la opinión pública de las inversiones del Seguro Social”.
INSS NO RINDE CUENTAS
Esto no sucede en Nicaragua ya que los informes del INSS no detallan los rendimientos de las inversiones ni las deudas que enfrenta como las que el Estado y empresas le adeudan.
También se necesita un control interno y externo. “El auditor interno debe tener plena autonomía para que pueda controlar el quehacer financiero y administrativo del Seguro Social, por eso demandamos que ese auditor dependa del consejo directivo que según la legislación actual es la máxima autoridad”, propone Ruiz.
5,085.2 millones de córdobas pagó el INSS en 2012 en concepto de pensiones por invalidez parcial y total, viudez, orfandad, vejez y ascendencia, según el Anuario de ese año.
100,818 pensionados contabilizó hasta diciembre pasado el INSS, siendo el 63 por ciento quienes reciben una pensión por vejez.
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La reforma, a su consideración, debe fortalecer el seguro de maternidad y enfermedad. “Actualmente se pagan más de 95 millones de dólares anuales a las Empresas Médicas Previsionales y se hace necesario dos cosas: que al legislarse se le brinden derechos y obligaciones al trabajador y a las empresas médicas. Es obligación del Seguro Social controlar estas empresas”, dijo el experto.
BAJAR LOS GASTOS
Tomando en cuenta que el Gobierno ha prometido no elevar la cantidad de semanas cotizadas ni la edad para jubilarse, el economista Adolfo Acevedo considera que entre las opciones que quedan para evitar la quiebra del INSS, están la reducción de los egresos. Esto se consigue al cambiar la fórmula para calcular el monto de las pensiones y elevar los porcentajes del aporte.
“En lugar de calcular las pensiones en base al salario de los últimos cinco años (del asegurado), que se haga en base a un periodo más largo. Lo otro sería aumentar los ingresos a través de un incremento de las tasas de cotización ya sea patronal o del empleador”, señala Acevedo.
¿Cuánto se aspira reducir los egresos y cuánto buscará la reforma elevar los ingresos del INSS? Según el economista dependerá “del periodo en que quieran mantener equilibradas las finanzas, porque si lo quieren hacer, por ejemplo, de aquí al año 2030, las medidas serían menos drásticas, pero si lo quieren extender por un periodo más prolongado (el INSS) las medidas tendrán que ser más severas”, asegura.
QUE ESTADO ASUMA PENSIÓN REDUCIDA
Otra alternativa que identifica Acevedo, sería como en otros países, que el Estado asuma el pago de la pensión mínima o reducida, que es una medida proteccionista para evitar que al llegar a la vejez las personas pasen pobrezas, por tanto debería cubrirse con el Presupuesto General de la República. Sin embargo, reconoce que hacerlo implicaría cambios tributarios severos que permitan asumir ese costo.
También, dice, hay que tomar en cuenta que la pensión promedio de facto ha estado indexada al salario mínimo, y como este ha crecido más rápido que el salario promedio, entonces el pago de las pensiones está creciendo más rápido que el salario promedio de los cotizantes”.
Acevedo advierte que de mantener el esquema actual, entre el 2016 y el 2017 el INSS comenzaría a enfrenar un déficit que lo obligaría a usar sus reservas para el pago de las pensiones. “Alrededor del 2021 estás reservas podrían haberse agotado”, asegura.
TRANSPARENTAR FINANZAS
Que el Gobierno ponga sobre la mesa el detalle de las cuentas del INSS para conocer realmente su situación financiera, es la exigencia del sector privado para discutir las alternativas de la reforma del Seguro Social.
“Es preocupante escuchar que la situación es crítica y delicada lo que nos hace imperante actuar ya”, reaccionó Diego Vargas, presidente de Cámara de Comercio Americana de Nicaragua (Amcham).
Amcham está abierto a discutir todos los aspectos para “determinar el mejor esquema” para solventar al sistema de Seguridad Social, incluido los porcentajes de las cuotas patronal y laboral, siempre que la misma no sea la única.
Vargas urgió al Gobierno convocar a la negociación entorno a la reforma. Consideró que será importante conocer “las apreciaciones del Fondo Monetario” Internacional (FMI) y “las ideas” que tenga para mejorar la situación del INSS, a fin de que Amcham pueda preparar sus propuestas.
¿QUÉ Y POR QUÉ OCULTA EL COSEP SU PROPUESTA?
En tanto, el presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), José Adán Aguerri, analiza que está en riesgo tanto el pago de las pensiones actuales y futuras, incluidas las mismas pensiones reducidas que el Gobierno aprobó “producto de una decisión política”, si no se logra una reforma que garantice sostenibilidad.
Insistió en que la reforma debe ser compartida, es decir que la carga no solo debe recaer sobre un sector de los contribuyentes al INSS, en este caso los trabajadores y la empresa privada.
El Cosep se reúne hoy con el asesor para asuntos económicos de la Presidencia, Bayardo Arce, y se espera definir la fecha de inicio de las negociaciones de la reforma.
El gremio ya trabaja sus propuestas, pero las hará públicas hasta el día que la reforma esté en manos de la Asamblea Nacional.
“Las propuestas del sector privado son privadas, nosotros no hacemos propuestas a los medios de comunicación, nosotros hacemos propuestas en la mesa de negociación”, dijo Aguerri.
LO PROPUESTO POR LA BDN
La propuesta de la Bancada Democrática Nicaragüense (BDN) coincide en lograr la eficiencia en la administración del INSS, empezando por reducir los gastos.
Carlos Langrand, diputado de la BDN y miembro de la Comisión Económica de la Asamblea Nacional, respalda que se transparente el manejo de las inversiones del INSS. “Ya no puede destinarse con un sentido político, sino más bien meramente financiera”, afirmó.
Para la BDN, se deben acabar los préstamos a empresas de funcionarios allegados al Gobierno, cuyos fondos son para compras de laboratorios, la construcción de viviendas para otros sectores del Estado, poniendo en riesgo estas inversiones. Para ello proponen que sea la Asamblea quien elija y nombre a los funcionarios responsables del manejo de las inversiones del INSS, de acuerdo a sus calidades profesionales.
La BDN exige además que se establezcan mecanismos para que se pague la deuda millonaria que tienen diferentes instituciones del Estado y los municipios con el INSS.
(Colaboración Lucía Navas, Wendy Álvarez y Tania Sirias)
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